Cuando un regidor quiso apagar la fiesta de Santa Ana
(Villamartín, 1606)
Hay
días en los que el archivo histórico no es un montón de papeles viejos, sino un
espejo. Días en los que uno lee un cabildo del siglo XVII y descubre que
Villamartín ya discutía lo mismo que hoy: quién manda, quién paga, quién decide
qué es tradición y qué es gasto superfluo. El 24 de julio de 1606 fue uno de esos días.
El Consejo se reunió como siempre, con sus alcaldes ordinarios, Luis Vázquez Benegas y Pedro González Lobato; alférez mayor, Andrés Gómez de Vera; y regidores, Benito Lobato González y Gonzalo López Martín. Tocaba organizar la fiesta de Santa Ana, patrona desde 1601, cuando —según el propio cabildo— la villa se libró de la peste que arrasó los pueblos vecinos. Por eso la fiesta no era un capricho: era una obligación moral, una deuda con la historia.
El Consejo ratificó que la fiesta de
la Gloriosa Santa Ana debía hacerse tal como estaba acordado: capear seis toros, uno de ellos de
garrocha. Se ordenó notificar al regidor y a Juan Cardoso, arrendadores de las
carnicerías, que de los cuatro toros que están obligados a proporcionar según
su contrato, compren uno más
para la fiesta. Si no lo hicieran, el Consejo lo compraría a costa de ellos.
También se acordó libranza de los Propios para sufragar las barreras de la
plaza.
Nada
extraño. Nada polémico. Hasta que entró en escena un nombre que el
acta-documento repite con insistencia: don
Juan Álvarez de Bohórquez Sotomayor.
Aquí
el tono del cabildo cambió. Entró don Juan Álvarez de Bohórquez Sotomayor,
regidor, y declaró que en lo tocante a vísperas, misa, órgano y sacristanes,
estaba conforme. Pero se oponía
frontalmente a traer ministriles y gastar en ellos los Propios del
Consejo. Alegó pobreza, deudas y que, teniendo órgano en la iglesia, los
ministriles no eran necesarios. Insinuó además que algunos vecinos querían
traerlos para sus propios juegos de
cañas y tiros, y que pretendían que el Consejo paguase ese capricho bajo
pretexto de la fiesta.
Su
protesta fue dura, casi jurídica: anunció que, si se libraba dinero para
ministriles, apelaría ante la Real
Audiencia de Sevilla.
Un
regidor apelando contra la fiesta de la patrona. En pleno cabildo. En voz alta.
El
Consejo escuchó la contradicción… y la rechazó. Declaró que la fiesta debía
celebrarse como cada año, porque Santa Ana fue nombrada patrona en 1601 tras
librar a Villamartín de la peste que asoló la comarca. La villa quedó «obligada
de nuevo» a honrarla con devoción y autoridad.
Se
insistió en que la procesión desde el hospital de la Concepción hasta la
iglesia mayor carecía del ornato
necesario, solemnidad, autoridad y por eso se debían traer ministriles.
Ya el domingo 23 se les libraron 12
reales, lo habitual en estas ocasiones, y se les pagó sin protesta
alguna.
El
Consejo sostuvo que la apelación llegaba tarde, pues el gasto ya estaba ejecutado y firmado.
Bohórquez
no cedió. Sacó a relucir el cabildo de 1601, habló de imposiciones injustas, de
cédulas reales, de límites legales. Quiso convertir la fiesta en un expediente
judicial. Quiso paralizar pagos, toros, música, todo.
Incluso
llegó a decir que el Consejo «está enfermo». Y que él mismo lo estaba. Y que
por eso contradecía la fiesta, los toros y cualquier gasto.
El
acta-documento lo deja claro: no era una discusión técnica. Era una batalla política.
Los
oficiales respondieron con contundencia: todo se hizo antes de la apelación,
todo está pagado, todo está documentado. Los ministriles no eran novedad, se habían traído
otras veces, y el escribano debía dejar constancia de ello.
La
fiesta siguió. La música siguió. La devoción siguió. La apelación, si quería,
que fuese a Sevilla.
El acta
se cerró con las firmas de los alcaldes ordinarios, alférez mayor, regidores y
avalada por el escribano público del cabildo. La fiesta de Santa Ana se
celebró. Con toros. Con ministriles. Con la autoridad que el Consejo defendió
frente a quien quiso convertir la patrona en un trámite administrativo.
