1513 — Villamartín arde, resiste y exige.
El
incendio de la Magdalena y la vergüenza del Cabildo sevillano.
El
22 de julio de 1513, día de la
Magdalena, Villamartín se convirtió en un infierno. El fuego no fue un
accidente menor. Fue un golpe devastador contra un pueblo que apenas empezaba a
levantarse. Las chozas —la mayoría de las viviendas— ardieron como si el
incendio hubiera estado esperando su momento. Las pocas casas de mampuestos y
tejas, levantadas según la Carta Puebla,
resistieron unos instantes más, pero también cayeron.
Villamartín
quedó desnudo, herido, despojado. Y cuando un pueblo pierde casi la mitad de sí mismo, lo
mínimo que espera es que quienes mandan respondan con humanidad, rapidez y
justicia. Pero Sevilla respondió con trámites,
indiferencia y negligencia.
Apenas
una semana después del incendio, los vecinos enviaron una petición urgente al
Cabildo. No pedían privilegios. Pedían sobrevivir.
«...hubo un gran fuego en la villa,
quemándose sus casas, haciendas y bienes muebles. Solicitan que se les conceda
alguna ayuda para poder mantenerse y reconstruir sus casas…»
Pedían
también algo elemental: que quienes tenían tierras arrendadas del Cabildo pudieran acogerse a una moratoria en el pago de las rentas. No
se puede pagar lo que el fuego ha convertido en ceniza.
El
Cabildo recibió la petición el 29 de
julio. ¿Y qué hizo? La remitió a Juan
de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor.
Villamartín
esperó. Esperó mientras levantaba paredes con las manos quemadas. Esperó
mientras enterraba lo que no se pudo salvar. Esperó mientras el humo seguía
saliendo de las ruinas. Y Juan de Guzmán no respondió.
La
segunda petición es un documento que debería avergonzar a Sevilla para siempre.
Los
vecinos explicaron que Juan de Guzmán no
los atendía. Que le entregaron la información. Que cumplieron con lo que
se les pidió. Y que el oficial, simplemente, los ignoró.
«...Juan de Guzmán no les ha atendido, por lo
que solicitan que se les asigne otro oficial ».
Villamartín
ardió. Y Sevilla envió un oficial que no se dignó ni a escuchar. La villa hizo
lo que hacen los pueblos que se niegan a morir: pidió otro interlocutor.
Pidió ser atendida. Pidió dignidad.
El documento firmado por Diego Vázquez, lugarteniente del
escribano mayor, recoge la secuencia completa: Villamartín pidió ayuda el 29 de
julio. Juan de Guzmán no atendió. Villamartín pidió otro oficial el 12 de
agosto. El Cabildo asignó a Alfonso
Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor. Alfonso presentó un
informe de los letrados. El informe recomendó no conceder ayuda alguna sin licencia real. Sí recomendó una moratoria de un año en el pago de los
arrendamientos, con fianzas. El Cabildo aceptó. Y prometió pedir licencia real
para estudiar posibles ayudas.
La
frase que pesa como una piedra es esta: «...se
recomienda no conceder ayuda alguna a los vecinos de Villamartín, ya que para
ello se necesitaría licencia real…»
Villamartín
ardió. Y Sevilla respondió con papeles.
El incendio de la Magdalena no terminó
el 22 de julio de 1513. Las llamas se apagaron, sí, pero el desastre siguió
vivo en cada casa quemada, en cada hacienda perdida, en cada vecino que se
quedó sin trigo, sin techo, sin nada. Y Sevilla, que ya había respondido con frialdad
a las primeras peticiones, tuvo que enfrentarse a algo que no esperaba: las voces individuales, los casos
concretos, los nombres propios de quienes también ardieron y exigieron
justicia.
Porque Villamartín no solo habló como
pueblo. Habló como comunidad. Habló como individuos que no estaban dispuestos a
desaparecer en el silencio administrativo.
El documento recoge un mandamiento de Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro
y diputado, dirigido a Francisco de
Torres, mayordomo de Villamartín. La orden es clara: no demandar a Fernando Martín de Bohórquez
lo que debe por las cuatro caballerías
y media de tierra que tiene arrendadas hasta el día de Santa María de agosto de 1514.
¿Por qué? Porque Fernando también
ardió.
Su casa, su hacienda, y veinte cahíces de trigo
desaparecieron en el incendio. Veinte cahíces: una pérdida brutal, un golpe
directo a la supervivencia.
Su petición es un grito de dignidad: «...tiene arrendadas cuatro caballerías y
media de tierra y que se le quemó su casa y su hacienda, además de 20 cahíces
de trigo, por lo que solicita que se le conceda moratoria en el pago de la
renta hasta 1514 ».
Y esta vez, Sevilla concedió. No por
generosidad. No por justicia. Sino porque no podía negar lo evidente: Fernando Martín de Bohórquez era otro
vecino más que había sido arrasado por el fuego.
El incendio no distinguió. Quemó casas
de ricos y pobres, de arrendatarios grandes y pequeños. Y entre ellos estaba Antón Martín de Illescas, vecino de
Villamartín, que también perdió su casa «en el mismo tiempo que otros vecinos
de la villa».
Antón tenía dos caballerías y media de tierra arrendada. Y pidió lo que era
justo: ser incluido en la misma
moratoria de un año que ya se había concedido a otros.
El informe de Luis Méndez de Sotomayor, , lo deja claro: «...relató cómo se le había quemado su casa en el mismo tiempo que a
otros vecinos de la villa… Como él tenía dos caballerías y media le solicitó
ser incluido en la misma moratoria».
Luis Méndez de Sotomayor verificó la veracidad de lo expuesto.
No había exageración. No había duda. Antón también había ardido.
Propuso concederle la moratoria, con las mismas condiciones y con las fianzas
necesarias. El Cabildo estuvo de acuerdo. Y la orden se emitió: un año sin exigirle el pago del arrendamiento.
Estas peticiones individuales —las de
Fernando Martín de Bohórquez y Antón Martín de Illescas— revelan algo que los
documentos generales no dicen con tanta claridad: El incendio de la Magdalena no fue un suceso aislado. Fue una devastación colectiva. Fue una ruina que afectó a casas, haciendas,
bienes muebles, trigo, tierras, familias.
Y Sevilla, que primero respondió con
indiferencia, tuvo que ir concediendo moratorias caso por caso, porque cada vecino que se presentaba ante el
Cabildo era una prueba viva de la magnitud del desastre.
Fernando perdió su casa, su hacienda y
veinte cahíces de trigo. Antón perdió su casa y quedó sin capacidad de pagar
sus tierras.
Y como ellos, muchos más.
La moratoria de un año fue lo único
que Sevilla concedió. No hubo ayudas directas. No hubo reconstrucción. No hubo
alivio real.
Solo tiempo. Tiempo para pagar. Tiempo
para respirar. Tiempo para sobrevivir.
Y aun así, incluso esa moratoria venía
con condiciones: fianzas,
requisitos, trámites. Un pueblo en cenizas tenía que demostrar que merecía un
respiro.
Estas peticiones no son simples
documentos administrativos. Son actos de resistencia.
Fernando Martín de Bohórquez no se
resignó. Antón Martín de Illescas no se calló. Los vecinos de Villamartín no
aceptaron la indiferencia.
Cada petición es un golpe contra la
negligencia del Cabildo sevillano. Cada moratoria concedida es una victoria
moral. Cada nombre propio es una prueba de que Villamartín no desapareció en el
fuego.
Villamartín ardió. Pero también
exigió. También denunció. También reclamó. Y aunque Sevilla respondió tarde,
mal y con lo mínimo, Villamartín dejó
huella.
