Historia Nº. 45: Adolfo Blanco Caballero y la modernización de Villamartín

 

Adolfo Blanco Caballero y la modernización de Villamartín

Una reconstrucción histórica ampliada

 

          Entre 1937 y 1963, Villamartín experimentó una transformación estructural, social y administrativa sin precedentes. En apenas veintiséis años, la localidad pasó de un estado de estancamiento a convertirse en un referente comarcal dentro de la Sierra de Cádiz. Este proceso de modernización estuvo estrechamente vinculado a la figura de Adolfo Blanco Caballero, administrador de correos de origen extremeño y alcalde de Villamartín durante dieciséis años consecutivos.

          Los documentos fuentes subrayan esta simbiosis histórica con una frase que sintetiza su relevancia: «La personalidad de D. Adolfo Blanco Caballero va tan íntimamente ligada a la historia contemporánea de Villamartín como las dos caras de una moneda.»

          Adolfo Blanco Caballero nació en Trujillo el 27 de junio de 1898 y fue bautizado ese mismo año en Romangordo (Cáceres). Su infancia transcurrió en este municipio, cuyo pasado árabe y medieval se menciona en el documento como parte del trasfondo cultural del protagonista. Allí vivió con sus padres, Manuel Blanco y Antonia Caballero Santibáñez, y sus hermanos Eliseo y Mezanio.

          Los textos señalan que la familia era «de familia suficiente», lo que se deduce del nivel educativo alcanzado por sus hijos. Adolfo estudió en Plasencia y Madrid, formación que marcaría su desvinculación definitiva del entorno rural de su infancia. La despedida de su pueblo queda recogida en una imagen de fuerte carga emocional: «Cuando marchaba por el “Camino del Palomar”, echó una última mirada a su pueblo… bajó por la “Cuesta de la Cabeza” con el alma encogida…»

          Su carrera profesional comenzó como cartero, con destinos sucesivos hasta coincidir con su hermano Eliseo en Sanlúcar de Barrameda. Desde allí, en 1937, fue designado Jefe Nacional de Correos de Villamartín, punto de inflexión que lo vincularía para siempre con la localidad gaditana.

          A su llegada a Villamartín, Adolfo asumió la administración de correos ubicada en la Plazoleta Calvo Sotelo (actual Plazoleta de la Encrucijada). Poco después contrajo matrimonio con Manolita Jiménez Vázquez, hija del industrial Manuel Jiménez Maza. En 1939 nació su hija Elisa Blanco Jiménez, pero la muerte prematura de Manolita marcó profundamente al nuevo administrador, quien afirmaba que en Villamartín reposaban «trozos de su corazón».

          En 1946 contrajo segundas nupcias con Adelaida Jarava Trujillo, hija del labrador Pedro Jarava Troncoso. Con ella tuvo dos hijas: Elisa y María del Carmen Blanco Jarava.

          La llegada de su madre, Antonia Caballero, en 1938, consolidó aún más su arraigo en la localidad.

          Desde sus primeros años en Villamartín, Adolfo se involucró en la vida pública: fue delegado sindical, primer teniente de alcalde y, finalmente, alcalde desde el 17 de diciembre de 1947 hasta 1963.

          Las fuentes documentales recogen la valoración de su colaborador José Bernal Cisuela, quien lo describe como un referente político y social: «…fue el centro de la vida social y política de esa época histórica…», «…no le tocó tiempos fáciles, se carecía de todo…».

          Su estilo de liderazgo se caracterizó por la constancia, la disciplina y una visión de progreso basada en la unidad vecinal; decía: «Mientras los pueblos unidos caminaban hacia la grandeza, los pueblos divididos marchaban hacia el caos.» 

          El periodo de gobierno de Adolfo Blanco Caballero constituye uno de los más fecundos de la historia contemporánea de Villamartín. La sesión municipal del 6 de febrero de 1963, celebrada durante la visita del gobernador civil, dejó constancia oficial de las principales realizaciones.

          En educación y cultura: construcción del Grupo Escolar “Elio Antonio de Nebrija”, creación del Grupo de Microescuelas, adaptación del edificio de San Francisco para convertirlo en el Grupo Escolar “Ntra. Sra. de las Montañas”, construcción de varias escuelas rurales, ampliación del número de escuelas nacionales de 8 a 29 y fundación del Colegio de Enseñanza Media “Menéndez Pelayo”, que democratizó el acceso a la educación secundaria.

          En vivienda y urbanismo: 8 casas baratas en Rodríguez de Valcárcel (hoy calle La Noria), 56 viviendas ultraeconómicas en La Tenería, barriadas San Sebastián y Santa Ana (100 viviendas), barriada Álvaro Domecq (50 viviendas). Centenares de viviendas privadas en la margen derecha de la Avenida Manuel Jiménez Maza y en La Noria; red general de alcantarillado, abastecimiento de agua potable, pavimentación de la mayoría de las calles, alumbrado público fluorescente y construcción del nuevo Matadero Municipal.

          El alcalde expuso dos desafíos estructurales aún sin resolver: El paro estacional agrícola, agravado por las lluvias; y el chabolismo en las barriadas de La Fuentezuela, Los Areniscos y El Barrero.

          El 31 de mayo de 1963, tras ser nombrado Administrador Principal de Correos de Cádiz, Adolfo intentó despedirse de la corporación municipal. La emoción le impidió pronunciar su discurso, dejando solo una frase recogida en acta: «Que, si a alguno había ofendido, le rogaba lo perdonara.»

          Siguió un silencio de más de dos minutos, descrito como «silencio expresivo de Iglesia», que simbolizó la unidad del Ayuntamiento y el reconocimiento a su labor.

          Villamartín lo nombró hijo adoptivo y le entregó un pergamino y una placa conmemorativa.

          El 1 de julio de 1963 tomó posesión como administrador principal de Correos de Cádiz, cargo anunciado por la prensa provincial. Desde la torre-mirador del edificio de Correos, construido en 1925, se dice que miraba hacia el Este, hacia Villamartín.

          Falleció en Cádiz el 5 de junio de 1980, a los 82 años, y fue enterrado en Villamartín, cumpliendo su deseo.

          Un poema local sintetiza su legado: «Para que la memoria quede siempre presente, es necesario escribir tu nombre, ADOLFO.»

          La figura de Adolfo Blanco Caballero constituye un caso paradigmático de liderazgo local en la España de posguerra: un funcionario que, desde la administración municipal, impulsó un proceso sostenido de modernización, ampliación de servicios públicos y cohesión social.

          Su legado, documentado en actas municipales, testimonios y memoria colectiva, sigue siendo un referente para la historia contemporánea de Villamartín.

Historia Nº 44: El Archivo Histórico Parroquial

 El Archivo Histórico Parroquial

Cuando un pueblo siente que le arrancan algo suyo

 

          Hay historias que no necesitan grandes gestos para doler. A veces basta una puerta cerrada, unas cajas apiladas y un silencio incómodo para que un pueblo entero sienta que algo esencial se ha perdido. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con el Archivo Histórico Parroquial de Villamartín.

          No estamos hablando de un simple conjunto de documentos. Estamos hablando de un latido. De un hilo que une a generaciones enteras. De un lugar donde nuestros apellidos, nuestras casas, nuestras bodas, nuestros duelos y nuestras pequeñas victorias quedaron escritos para que nadie pudiera borrarlos.

              Y, sin embargo, un día desapareció de su sitio.

          Durante siglos, la parroquia de Santa María de las Virtudes guardó un tesoro que pocas localidades pueden siquiera imaginar:

• Libros completos de bautismos desde 1525
• Libros completos de matrimonios desde 1622
• Libros completos de defunciones desde 1638
• Todos los libros de Fábrica desde 1528
• Y un sinfín de libros de visitas, protocolos, fundaciones, cabildos, patronatos y legajos varios que cuentan la vida del pueblo con una precisión que ningún historiador podría inventar. 

          Como dice el vecindario, «…cada legajo, cada acta y cada expediente constituye una pieza del relato cívico que ha dado forma al pueblo». Y es verdad. Quien ha consultado alguna vez un libro de bautismos sabe que no está leyendo tinta: está leyendo raíces.

          En 2015, tras la jubilación del párroco que durante décadas cuidó este archivo como quien cuida un jardín, llegó un relevo que no compartía esa sensibilidad. Y ante la petición de trasladar el archivo a Jerez, la decisión fue rápida: empaquetarlo y enviarlo lejos.

          Sin preguntar. Sin explicar. Sin pensar en lo que significaba para la gente.

          La gente lo resume con una frase que duele por su sencillez: «…los empaquetó y se los quitó de en medio».

          Y así, de un día para otro, Villamartín se quedó sin su memoria más íntima.

          No todo el mundo puede desplazarse a Jerez para resolver un trámite familiar, investigar su genealogía o simplemente reencontrarse con la historia de los suyos. Para muchos vecinos, ese archivo era un lugar cercano, accesible, casi cotidiano.  La distancia se ha convertido en una barrera. La burocracia, en un muro. Y la historia, en un privilegio para unos pocos.

           Un espacio donde uno podía entrar y sentir que pertenecía a algo más grande que su propia vida.

          Mientras tanto, Villamartín pierde un recurso cultural, educativo y turístico que debería estar generando actividad, conocimiento y orgullo local. Y un pueblo que pierde acceso a su memoria pierde también una parte de su identidad.

          Vivimos en una época en la que los archivos —municipales, eclesiásticos, públicos— se están transformando. Digitalización, transparencia, participación ciudadana. Como recuerda el que suscribe, «Su función se extiende más allá de la custodia: es un servicio activo, dinámico».

          Entonces, ¿cómo encaja esconder un archivo lejos de su comunidad? No encaja. Es un paso atrás. Un gesto que contradice todo lo que hoy entendemos por patrimonio vivo.

               Cuando un archivo se aleja, no solo se pierden documentos. Se pierde autonomía. Se pierde memoria. Se pierde voz.

          Por eso la reclamación es tan clara, tan legítima y tan necesaria: el Archivo Histórico Parroquial debe volver a Villamartín.

          No por capricho. No por romanticismo. Sino porque pertenece aquí. Porque nació aquí. Porque aquí lo necesita la gente que lo creó sin saberlo, generación tras generación.

          Un archivo no es un almacén. Es un espejo. Y un pueblo sin espejo corre el riesgo de no reconocerse.

          Villamartín merece recuperar el suyo.

 

Historia Nº 43: El archivo municipal

 

El archivo municipal

Dos siglos de abandono, rescates urgentes y promesas de orden

 

          Durante más de ciento setenta años, el archivo municipal fue el termómetro silencioso del estado administrativo de la villa: cuando el pueblo prosperaba, alguien recordaba que los documentos merecían cuidado; cuando la precariedad o la desidia se imponían, los papeles quedaban a merced de goteras, ratas y el olvido. Las actas capitulares conservan, casi a regañadientes, la historia de este vaivén.

          El 12 de enero de 1764, el Cabildo abrió la sesión con una advertencia que hoy suena casi desesperada. Las “partes de las Escribanías Públicas y de Cabildo” estaban extraviadas, mojadas y roídas por ratas y ratones. El problema no era menor: los documentos se guardaban en un cuarto alto de las Casas Capitulares, un lugar tan inadecuado que ponía en riesgo “la pública” —la administración misma— y la conservación de los papeles.

          La solución fue inmediata: el escribano debía mudar el archivo a la sala baja, donde se celebraban los acuerdos, y construir allí “unos estantes decentes”. El gasto se cubriría con fondos de la villa, previa orden de la Junta. Era el primer intento documentado de rescatar un archivo que ya entonces mostraba signos de abandono crónico.

          Treinta y dos años después, el 8 de agosto de 1796, la situación era aún más grave. El Cabildo reconoció que los archivos estaban “enteramente destruidos”, hasta el punto de que no podía encontrarse “documento alguno”. La causa: la falta de pericia y cuidado de los antiguos responsables.

          En ese contexto apareció Manuel de Sousa, portugués, vecino de Sevilla, librero e “inteligente en letra antigua”. Sousa ofreció arreglar el archivo, encuadernar los libros en badana o pergamino, ponerles suscripciones con los años y los nombres de los escribanos, y cobrar veinte reales de vellón por libro.

          El Ayuntamiento aceptó, pero no tenía fondos. La solución fue tan creativa como reveladora: pagarían el trabajo con el dinero procedente de las tierras baldías sembradas por los vecinos desde 1790. Para ello se comisionó a Alonso Topete, teniente alguacil mayor, quien cobraría las cantidades y las depositaría en manos de Alonso Chacón, nombrado depositario. Topete recibiría un 6% por su trabajo. Una vez concluido el proceso, el expediente completo debía volver al Ayuntamiento para su aprobación.

          El 19 de junio de 1859, casi un siglo después del primer aviso de ratas, el Gobernador autorizó un gasto de dos mil reales para el arreglo del archivo. La urgencia era máxima: los papeles estaban en “completo desorden”.

          La corporación ordenó que la secretaría trabajara a horas extraordinarias, auxiliada por el escribiente Francisco Contreras, y que se adquirieran estantes y tablas. Además, se exigió que el secretario aplicara “toda su inteligencia y esmero” para formar un inventario general de los documentos y de los muebles de la corporación.

          Dos meses después, el 28 de agosto de 1859, la secretaría informó que trabajaba “sin levantar mano” y que el archivo mostraba ya un “estado satisfactorio de adelanto”. La corporación recibió la noticia “con complacencia”.

          El 14 de mayo de 1870, el Ayuntamiento reconoció el mal estado de su propia fachada y decidió recomponerla, incluyendo el local del archivo municipal, cuyos muros interiores debían ser recalzados y cuyos techos necesitaban reparación.

          Pero el verdadero golpe llegó semanas después. El 4 de junio de 1870, el alcalde primero describió el archivo como “deplorable”. Su estado impedía despachar asuntos pendientes, retrasaba resoluciones superiores, bloqueaba la expedición de certificados y hacía imposible tramitar asuntos importantes.

          La solución fue contratar a José María Jurado como oficial temporero, con un sueldo de 10 reales diarios, para organizar la dependencia, colocar documentos y abrir índices. El gasto se cargaría al capítulo de imprevistos.

          El 24 de diciembre de ese mismo año, el Cabildo acordó sufragar la colocación de la estantería del archivo y los gastos menores del arreglo de documentos, trabajos que “tocan ya a su terminación”.

          El 1 de julio de 1888, el secretario informó que el archivo volvía a estar en mal estado: libros de actas capitulares, presupuestos, gacetas y otros documentos permanecían sin encuadernar. El Cabildo aprobó su encuadernación, con un gasto máximo de 125 pesetas, nuevamente con cargo al capítulo de imprevistos.

          El 7 de febrero de 1936, meses antes del estallido de la Guerra Civil, el Ayuntamiento tomó una decisión significativa: trasladar los archivos desde los altos de la plaza de abastos a la Casa Ayuntamiento. Allí quedarían instalados en una dependencia frente a la secretaría municipal, que sería reparada y aislada del resto de las habitaciones para garantizar su conservación.

          Era un gesto de protección en un momento en que el país entero se encaminaba hacia la incertidumbre.

          Leído en conjunto, este recorrido revela un patrón persistente: el archivo municipal fue siempre un espacio vulnerable, expuesto a la humedad, a los animales, a la falta de recursos y a la negligencia. Pero también fue objeto de esfuerzos periódicos —a veces heroicos, a veces improvisados— por parte de escribanos, libreros, oficiales y secretarios que entendieron que la memoria administrativa de un pueblo es un bien común. 

          El Archivo Municipal no es únicamente un depósito de documentos antiguos: es, ante todo, un espacio donde la memoria colectiva se organiza, se protege y se vuelve legible para las generaciones futuras. Cada legajo, cada acta y cada expediente conservado en sus estanterías móviles constituye una pieza del relato cívico que ha dado forma al pueblo. En un tiempo en el que la información se consume con rapidez y se olvida con la misma facilidad, la existencia de un archivo sólido y bien gestionado actúa como un contrapeso necesario, recordándonos que la historia local no se improvisa: se construye, se documenta y se preserva.

          A lo largo de las últimas décadas, el Archivo Municipal ha tenido que adaptarse a transformaciones profundas: la digitalización de fondos, la incorporación de nuevas normativas de transparencia, la creciente demanda ciudadana de acceso a la información y la necesidad de garantizar la conservación física de documentos que, en algunos casos, superan los doscientos años de antigüedad. Esta evolución no ha sido un simple proceso técnico, sino una redefinición del papel del archivo dentro de la administración pública. Hoy, su función se extiende más allá de la custodia: es un servicio activo, dinámico, que facilita la investigación, respalda la gestión municipal y contribuye a la construcción de una ciudadanía informada.

          El archivo también se ha convertido en un punto de encuentro entre pasado y presente. Investigadores, estudiantes, genealogistas, periodistas y vecinos acuden a sus instalaciones en busca de respuestas que solo los documentos pueden ofrecer. En ese diálogo silencioso entre quien consulta y quien conserva, se revela la verdadera dimensión del archivo: un lugar donde la historia deja de ser una abstracción para convertirse en una herramienta viva, capaz de iluminar conflictos, decisiones y procesos que aún hoy repercuten en la vida cotidiana del municipio.

          En un contexto de creciente preocupación por la pérdida de patrimonio documental, el Archivo Municipal representa un ejemplo de resistencia institucional. Su labor diaria —a menudo discreta, casi invisible— sostiene la continuidad administrativa, garantiza la trazabilidad de las decisiones públicas y preserva la identidad de la comunidad. Sin archivos, los pueblos se vuelven amnésicos; con ellos, recuperan la capacidad de comprenderse a sí mismos y proyectarse hacia el futuro con mayor coherencia.

 

Textos íntegros citados

(Copias de los documentos originales)

 

Cabildo de 12 de enero de 1764.

En este cabildo se dijo por sus mercedes que en atención a el extravío que padecen las partes de las Escribanías Públicas y de Cabildo con el motivo de halarse éstas en un cuarto alto de estas Casas Capitulares en donde se mojan y corren ratas y ratones, y que esto (cede) en grave perjuicio de la (----) pública para (---) y que los papeles estén con la custodia y defensa correspondiente de los temporales, el presente escribano los mude, y ponga en la sala baja donde se celebra acuerdos, haciéndose para ello unos estantes decentes para colocarlos, y que su importe se costee de los efectos de esta Villa para lo que los señores de la Junta libren lo que importe y así se acordó.

Cabildo 8 de agosto de 1796

En este cabildo se tiene presente que D. Manuel de Sousa de nación portuguesa, vecino de la ciudad de Sevilla de ejercicio librero e inteligente en letra antigua, quiere arreglar los archivos de esta villa que se hallan enteramente destruidos y sin poderse buscar documento alguno dimanado de la falta de pericia y cuidado de los  (---) antiguos de que resulta un perjuicio tan considerable al común y a la causa pública, por el interés que le resulta en su composición, llevando veinte reales de vellón cada libro que haga, lo que ha de forrar con badana o pergamino, encuadernándolos y poniéndole las subscripciones de los años de que proceden y escribanos, ante quienes se han (----) los documentos que envuelven, de que instruido este Ayuntamiento acordó de conformidad el que se ejecute dicho arreglo en atención a la utilidad que resulta al común, bajo el pie de los veinte reales que ha pedido dicho maestro, y respecto a que esta villa no tiene fondos en que ejecutarlo se pague de las tierras baldías que han sembrado los vecinos de esta villa desde el año pasado de mil setecientos noventa hasta el presente, para cuya cobranza se da comisión, en forma con las formalidades, requisitos y circunstancias a D. Alonso Topete, teniente alguacil mayor de esta villa, para que ejecute dicha cobranza, depositando las cantidades que resulten, en Alonso Chacón a quien nombra esta villa por Depositario cobrador cuyo arreglo de tierras de individuos y precios a que se han de pagar se arreglarán por los Sres. Justicias según el mérito de cada una fanega, señalando así mismo a dicho comisionado por razón de su trabajo y diligencia un seis por ciento de lo que cobre. Y ejecutado todo se traiga el expediente que se forme a este Ayuntamiento para su inspección y aprobación, y así se acordó.

Cabildo del 19 de junio de 1859

Estado autorizado por el Sr. Gobernador el gasto de dos mil reales para el arreglo del archivo, y siendo éste de urgentísima necesidad por el estado de completo desorden en que se encuentran sus papeles, acordó la corporación que se proceda por la secretaría a horas extraordinarias a practicar el indicado arreglo, valiéndose para el efecto en calidad de auxiliar del escribiente D. Francisco Contreras, adquiriendo los estantes y tablas que fueren necesarios y notificando los demás gastos que resultaren de la cuenta rendida al Sr. Gobernador en 1º del mes corriente y que son los más indispensables y económicos que se puedan notificar exceptuando (------------------) de la secretaría para que sin  (---) mano en la obra y aplicando a ella toda su inteligencia y esmero, la (-------) le sea posible y forme un (-----) general expresivo y circunstanciada de los papeles que el archivo contenga, así como los demás muebles y enseres con que cuenta la corporación para que no se carezca por más tiempo de este útil y tan preciso documento.

Cabildo del 28 de agosto de 1859

Se dio cuenta por la secretaría de estar trabajando sin levanta mano en el arreglo del archivo y de encontrarse éste en un estado satisfactorio de adelanto, prometiendo quedar terminado antes de mucho. La corporación quedó enterada con complacencia.

Cabildo de 14 de mayo de 1870

En vista del mal estado de la fachada del Ayuntamiento se acordó la recomposición en la parte más necesaria y la del local del archivo municipal, recalzando los muros interiores y componer los techos de las dependencias situadas en la planta baja.

Cabildo de 4 de junio de 1870

El ciudadano alcalde primero hizo presente a la corporación el estado tan deplorable en que se encontraba el archivo municipal, cuyo estado daba origen enteramente a que no se pudieran despachar en la forma oportuna multitud de asuntos pendientes de la resolución de la superioridad, impidiendo también la expedición de certificados  de expedientes de años anteriores, imposibilitando manera absoluta la tramitación de asuntos importantes, hizo presente también la imprescindible necesidad de una persona competente que se ocupe de organizar la referida dependencia, procediendo brevemente a la colocación de documentos a la apertura de índices y demás trabajos que se consideren indispensables, proponiendo para verificar este importante servicio con clase de oficial temporero con el haber de 10 reales diarios que se abonarán a cargo al capítulo de imprevistos al ciudadano José María Jurado que por su larga práctica en la administración municipal reúne los conocimientos a que se destina.

Cabildo de 24 de diciembre de 1870

Así mismo se acordó sufragar con cargo al capítulo de improvistos, la suma a que ascienda la colocación de la estantería del archivo municipal como igualmente los gastos menores que origine el arreglo de los documentos pertenecientes al mismo, cuyo trabajo toca ya a su terminación.

Cabildo de 1 de julio de 1888

Es propuesta del secretario de la corporación que visto el mal estado en que se encuentra el archivo municipal que aparecen sin encuadernar libros de actas capitulares, presupuestos, gacetas y otros documentos de años anteriores, se acordó proceder a su encuadernación, abonando el gasto que ocasiones, que no podrá exceder de ciento veinte cinco pesetas, con cargo al capítulo de imprevistos.

Cabildo de 7 de febrero de 1936

Se acordó trasladar los archivos actualmente existentes e los altos de la plaza de abastos a la casa Ayuntamiento que quedarán instalados en la dependencia frontera con la secretaría municipal a cuya dependencia se le hará las obras de reparación que sean necesarias para aislarla del resto de las demás habitaciones y darle entrada a la mencionada oficina de la secretaría.

 

Historia Nº 42: Historia de un Cenobio Persistente

 

El Convento de la Purísima Concepción de Villamartín

Historia de un cenobio persistente

 

          La historia del convento de la Purísima Concepción de Villamartín es, ante todo, la historia de una resistencia: resistencia al abandono, a la ruina, a las guerras, a las decisiones eclesiásticas y a los vaivenes económicos que marcaron la vida de la villa durante más de tres siglos. Los documentos históricos conservados permiten reconstruir un relato complejo, lleno de tensiones políticas, religiosas y sociales, que comienza a finales del siglo XVI y concluye, de forma definitiva, en 1926.

          El germen del convento se sitúa en los últimos veinticinco años del siglo XVI, cuando la poderosa familia formada por Antón Álvarez de Bohórquez y Marina de Sotomayor impulsa una obra pía destinada a fundar un cenobio femenino. Según el documento, Marina de Sotomayor, ya viuda, “empezó a crear antes de su fallecimiento” un patronato que entraría en vigor el 25 de abril de 1597.

          La fundación efectiva del convento no se materializó hasta mayo de 1635, cuando el Dr. Alonso Gómez de Rojas, canónigo de Sevilla y visitador general, llegó a Villamartín para erigir el convento de monjas “de la invocación de la Piedad y Concepción como había dispuesto Dña. Marina de Sotomayor”. Para ello trajo a tres religiosas profesas de la Concepción de Sevilla, estableció iglesia, altar, clausura y organizó el gobierno interno de la comunidad.

          Durante casi un siglo, la vida monacal transcurrió sin grandes sobresaltos. Sin embargo, en noviembre de 1726, el convento sufrió uno de los episodios más traumáticos de su historia: el arzobispo de Sevilla ordenó el traslado forzoso de las religiosas al convento de Arcos, sin previo aviso a las autoridades locales. Los documentos históricos describen la escena con viveza: “...el público que se acercó vio lo que pasaba y se alteró el orden público en pocos momentos”.

          La villa reaccionó con energía. Cabildos, representaciones, consultas jurídicas y súplicas al arzobispo y al nuncio se sucedieron durante años. El prelado justificó su decisión alegando que las monjas “pasaban muchas necesidades a causa de las pocas rentas que tenía el convento y estar éste muy mal tratado”.

          La restitución solo sería posible si Villamartín garantizaba manutención y reparaciones. Comenzó entonces un largo proceso de recaudación, arbitrios, mediciones de solares y obras que consumieron miles de reales. En 1736, tras una década de esfuerzos, las religiosas regresaron finalmente al convento.

          A pesar de la restitución, el convento nunca alcanzó una estabilidad económica sólida. Las obras continuaron durante décadas, y en 1757 la comunidad volvió a solicitar ayuda al Ayuntamiento, alegando que la fábrica del convento “se halla pasada por falta de medios, obrándose en él a expensas de la devoción y caridad de bienhechores”.

          Durante el siglo XIX, el número de religiosas osciló entre ocho y nueve. El claustro de 1822, detallado en el documento, muestra una comunidad diversa, con monjas procedentes de Puerto Real, Ubrique, Cádiz, San Fernando, Prado del Rey, Villamartín, Arcos y Morón.

          Sin embargo, la situación económica empeoró. En 1851 circuló el rumor de que, tras el Concordato, el convento sería suprimido. La villa reaccionó con tristeza y preocupación, pues consideraba a la comunidad “útil a la religión, necesaria a la sociedad y provechosa para el vecindario”.

          A finales del siglo XIX, la pobreza era evidente. Una inscripción hallada en la iglesia lo confirma: “SE REEDIFICÓ A EXPENSAS DE LOS SEÑORES DON JERÓNIMO Y DON JUAN ÁLVAREZ TROYA. AÑO 1898”. 

              En 1920, la Orden Franciscana decidió cerrar el convento debido a su estado ruinoso. Las monjas fueron trasladadas al convento de la Concepción del Puerto de Santa María, llevándose consigo la antigua imagen de la Virgen de las Angustias, que había presidido el templo desde el siglo XVI. Los documentos recuerdan que esta talla permaneció allí hasta 1982, cuando el obispo Rafael Bellido Caro solicitó su devolución.

          La comunidad permaneció en Villamartín hasta 1926, fecha en la que el arzobispo autorizó el traslado definitivo. La abadesa, consciente del clima hostil, escribió que algunos vecinos “las querían lanzar a escobazos y que todo lo de la comunidad quedara para ellos”.

          En 1936, el Ayuntamiento solicitó la cesión del edificio para construir viviendas sociales, aprovechando que el convento estaba ya desocupado.

          Hoy solo se conserva la iglesia de las Angustias, construida en el siglo XVII sobre la antigua capilla del cenobio. El Documento 1 la describe como un templo de una sola nave, con bóveda de cañón, decoración sobria y una espadaña lateral que rompe la uniformidad del conjunto.

          En su interior destacan: El retablo mayor barroco, presidido desde 1951 por la talla de la Virgen de las Angustias realizada por Juan Bernabé Britto, dos tallas procedentes de la capilla de la Virgen de los Reyes: un Nazareno y una Virgen, cuatro retablos menores y varias hornacinas añadidas en épocas posteriores y el coro alto, con ventanas al exterior, que permitía a las religiosas asistir a los oficios en clausura.

          La portada no es externa, sino que se abre a un vestíbulo interior, creando una peculiar callejuela que aún hoy sorprende a los visitantes.

          El convento de la Purísima Concepción de Villamartín fue durante más de tres siglos un espacio de espiritualidad, conflicto, pobreza, devoción y esfuerzo comunitario. Sobrevivió a guerras, desamortizaciones, traslados forzosos y crisis económicas. Finalmente, sucumbió no a la violencia, sino al desgaste del tiempo y a la falta de recursos.

          Hoy, la iglesia de las Angustias permanece como único testigo material de aquella larga historia. Un edificio que, como el propio convento, ha resistido siglos de transformaciones y que sigue recordando la presencia silenciosa de las mujeres que lo habitaron.

Historia Nº 41 El corazón secreto donde Villamartín juró su historia

 

La Iglesia de San Francisco

El corazón secreto donde Villamartín juró su historia

 

          Villamartín guarda silencios que pesan más que las palabras. En la confluencia de la calle San Francisco y la calle Encrucijadas, donde hoy pasan coches y conversaciones distraídas, se alza un templo que ha visto juramentos, devociones, restauraciones y siglos enteros de vida: la Iglesia de San Francisco, heredera directa de la antigua ermita de la Santa Veracruz.

          Su origen se hunde en el siglo XVI, cuando sobre aquella humilde ermita se levantó un templo que aún hoy conserva la huella de su primera vocación. Los documentos históricos lo dicen con claridad: “La iglesia fue construida en el siglo XVI sobre la ermita de la Santa Veracruz, a quien fue consagrada”. Desde entonces, su presencia ha sido un faro espiritual y, en momentos clave, también político. No es un detalle menor que aquí se jurara la Constitución de 1812, un gesto que convirtió a este espacio sagrado en escenario de la historia nacional.

          Entrar en San Francisco es sentir cómo la luz se posa sobre la bóveda de medio punto, donde los arcos formeros lucen una policromía que sorprende por su viveza. En uno de ellos, una frase parece hablar directamente al visitante: “ESTA ES LA CASA DEL SEÑOR”. No es solo una inscripción; es una declaración de identidad.

          El coro, protegido por un muro de madera labrada, conserva la intimidad de un tiempo en que el culto exigía recogimiento. Al fondo, el presbiterio se abre bajo una cúpula gallonada decorada con motivos florales, coronada por un pequeño cupulín que parece sostener el cielo.

          Presidiendo el templo, un retablo neoclásico costeado por Fernando VII en 1828 —según reza la lápida— acoge al Santo Cristo de la Veracruz, una imagen que se remonta al final del siglo XVI o comienzos del XVII. A ambos lados, San Rafael Arcángel y San Juan de Dios, procedentes de antiguos hospitales, completan una escena que mezcla solemnidad y memoria. 

          La iglesia es un pequeño museo vivo. A la derecha, un retablo neoclásico oscuro y dorado guarda un óleo de las Ánimas Benditas del Purgatorio. Cerca, la hornacina de Nuestra Señora de la Soledad recuerda la devoción popular que ha acompañado a generaciones.

          La capilla del Sagrario, hoy en proceso de recuperación de su imagen titular, muestra un conjunto heterogéneo y fascinante: un lienzo de San José María Escrivá, otro de la Coronación de la Virgen, un grabado decimonónico de la Virgen de las Montañas y un crucifijo del siglo XVI que sobrevive como un testigo silencioso del tiempo.

          Los documentos históricos lo señalan con precisión cuando menciona que en la capilla del Sagrario “deberíamos encontrar una imagen policromada del Titular… que ya no está porque se está restaurando”. Ese “deberíamos” es casi un diagnóstico urbano: deberíamos cuidar más, deberíamos planificar mejor, deberíamos entender que la identidad no se improvisa.

          A la izquierda, la Virgen de la Candelaria y la talla de Jesús de la Humildad y Paciencia, del siglo XVII, preparan al visitante para uno de los tesoros del templo: el retablo de San Antonio. Tallado en madera oscura y dorada, de forma triangular, alberga una imagen de San Antonio de Padua con ropajes estofados y un Niño de vestir que descansa sobre el libro que lo distingue como Doctor de la Iglesia. A su alrededor, la Virgen del Carmen coronada y San José con el Niño completan la escena.

        Cada pieza es un recordatorio de que el patrimonio no es un museo muerto, sino un organismo que respira. Y sin embargo, la realidad es tozuda: la imagen titular de San Francisco está en restauración, algunas piezas han desaparecido temporalmente, y la conservación depende más de la voluntad de unos pocos que de una estrategia municipal sólida.

          La Iglesia de San Francisco no es solo un edificio antiguo: es un organismo vivo. Ha sido ermita, refugio espiritual, escenario histórico y guardiana de un patrimonio artístico que Villamartín ha sabido conservar con celo. Cada restauración, cada imagen recuperada, cada misa celebrada mantiene encendida la llama de un lugar que ha acompañado al pueblo durante más de cuatro siglos.

         En tiempos donde lo efímero domina, San Francisco permanece. Y en su silencio, sigue recordándonos que la historia no solo se escribe: también se habita.

Historia Nº 40: Venerable clero

Venerable clero

 

          El documento fechado el 8 de mayo de 1772 y certificado por Antonio José Fernández, notario mayor de la vicaría de Villamartín, constituye una valiosa ventana a la vida institucional, religiosa y social de la villa en pleno siglo XVIII. En él se recoge un acuerdo del venerable clero local, reunido en cabildo, para afrontar una situación de extrema necesidad que afectaba a los dos conventos del municipio.

          El texto describe “las muchas calamidades en que está este pueblo” y la incapacidad de las comunidades religiosas para sostenerse “por la cortedad de limosnas” . Esta frase resume el clima de precariedad que impulsó a las autoridades civiles y eclesiásticas a actuar de manera conjunta.

          El cabildo estuvo compuesto por las principales figuras del clero parroquial: el vicario Francisco López Torija y Guerrero, varios presbíteros y beneficiados, y clérigos de órdenes menores. Todos ellos actuaron como cuerpo colegiado para responder a la petición de ayuda de: el convento de San Francisco de Asís y el convento de religiosas de la Purísima Concepción, Piedad y Socorro

          Ambas instituciones se encontraban, según los memoriales presentados, “en el más deplorable estado, y amenazando ruina muchos de sus edificios” .

          El Ayuntamiento —representado por el Consejo, Justicia y Regimiento— reconocía la gravedad del problema, pero también su incapacidad legal para financiar obras con fondos propios. Por ello recurrió a un mecanismo habitual en la época: la petición pública de limosnas.

          El Ayuntamiento nombró como diputado para gestionar la recaudación a Antonio Topete y Fuentes, vecino de reconocida integridad. El clero, en respuesta, decidió actuar “con uniformidad con el Consejo, Justicia y Regimiento” y nombró como su propio diputado al presbítero Joaquín de Ferreras Villamisar y Carrasco.

          Ambos debían trabajar conjuntamente para: solicitar limosnas a particulares y devotos, administrar los fondos con transparencia y supervisar las obras de reparación en los dos conventos.

          Para garantizar la integridad del proceso, el dinero se guardaría en un arca de tres llaves, custodiada en casa del vicario. Cada llave estaría en manos de personas distintas, siguiendo una práctica de control muy extendida en la administración del Antiguo Régimen.

          La preocupación por la ruina de los conventos no era solo espiritual. En el siglo XVIII, estas instituciones cumplían funciones esenciales: educación, asistencia a pobres y enfermos, refugio para mujeres, dinamización económica (compras, obras, empleo) y vida cultural y religiosa

          Su desaparición habría supuesto un golpe profundo para la comunidad. De ahí que el clero afirmara que deseaba “concurrir el más pronto y eficaz” a la solución del problema .

          Este acuerdo es un ejemplo perfecto de cómo funcionaban las relaciones entre Iglesia y poder civil en la España del siglo XVIII: colaboración estrecha entre instituciones, dependencia económica de limosnas y donativos, fuerte sentido comunitario ante las crisis y burocracia detallada para legitimar cada decisión

          También muestra la fragilidad económica de muchas comunidades religiosas antes de las reformas borbónicas y, décadas después, de las desamortizaciones.

         El cabildo del 8 de mayo de 1772 no fue un simple trámite administrativo. Fue la respuesta coordinada de un pueblo que, en medio de calamidades, se movilizó para evitar la ruina de dos instituciones esenciales para su identidad y su vida cotidiana.                         

Texto original íntegro     

(Copia del documento original)

          “Antonio José Fernández, notario mayor de la vicaría de esta villa de Villamartín: Doy fe que hoy día de la fecha de éste, por el venerable clero de la Iglesia Parroquial de ella, que lo componen los Sres. D. Francisco López Torija y Guerrero, vicario, cura y beneficiado más antiguo; D. José Sánchez Hermoso, presbítero y beneficiado; D. Joaquín de Ferreras Villamisar y Carrasco; D. Fernando Ramos de Ortega y Maldonado, presbítero; D. Francisco Barea Jiménez, clérigo diácono; D. Sebastián González de Castro; D. José Vázquez Ruano; y D. Pedro Tinajero, clérigos de órdenes menores, se ha celebrado cabildo y junta, por ante mi dicho notario, en el cual se halla un acuerdo del tenor siguiente:

          Acuerdo:

          En este cabildo, yo el notario mayor de esta vicaría, hice presente y leí a la letra un testimonio dado por D. Pedro Tomás Barea, escribano del cabildo de esta villa en fecha del día 6 del corriente, en el que se insertan dos memoriales dados por las comunidades de religiosos de Ntro. St. Padre San Francisco de Asís, y la de religiosas de la Purísima Concepción Piedad y Socorro de esta dicha villa, y un acuerdo celebrado por los señores Consejo, Justicia y Regimiento de ella, en que ocurren dichas comunidades a la piedad y protección de dichos señores implorándoles en la graves urgencias y necesidades en que se hallan, a causa de las muchas calamidades en que está este pueblo, y no poder por la cortedad de limosnas apena mantenerse, y por consiguiente no poder reparar dicho dos conventos de la necesidad urgentísima que tienen de obras, para que puedan permanecer por hallarse en el más deplorable estado, y amenazando ruina muchos de sus edificios; para que se sirvan dichos señores de que se compone dicho Ayuntamiento, y sus Justicias dar las más congruentes disposiciones y arbitrios a fin de poder concurrir con los medios que sean más adaptables a la reedificación y reparación de las obrar que necesiten dichos conventos por hallarse uno y otro, en extrema y urgente necesidad; cuyos memoriales fueron vistos en cabildo que dichos Sres. Consejo, Justicia y Regimiento de esta, dicha villa celebró en el día dos del corriente y mirándolos con el amor que corresponde, deseando contentar a todos cuanto exponen, considerando, no tener las competentes facultades para arbitrar y librar para dichas obras de los efectos de Propios de la Villa, y apeteciendo que por medio de las limosnas que se piden a ella, como en otros pueblos de este arzobispado a personas particulares y caritativas que lo puedan hacer. Por dicho acuerdo nombró por diputado para que la ejecute por su parte al Sr. D. Antonio Topete y Fuentes vecino de esta villa, sujeto de las mayores circunstancias e integridad de ella, disponiendo que de dicho acuerdo se remita testimonio a este venerable clero, para que con vista de lo pretendido por dichas comunidades, y determinado por dicho Consejo; hallándose en ánimo de concurrir a dichas diligencias por su parte fundamente a dicho cabildo, se sirva nombrar este clero, diputado que con el dicho Sr. D. Antonio Topete, puedan pedir y pidan las limosnas expresadas, tomando para ello los arbitrios, modos y forma que juzguen más a propósito para dicho efecto con lo demás que de dicho acuerdo y testimonio se contiene. El cual, visto por este venerable clero con la madurez y reflexión que corresponde de un acuerdo y conformidad, dijeron que este clero siempre ha deseado y desea concurrir el más pronto y eficaz a cuantas ocasiones se le presenten de uniformidad con el Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha villa, y mayormente en la presente concurrencia que por tantos títulos se hace atendible, en cuyo concepto conformándose con la disposición de dicho Consejo, Por lo que respecta a sujeto en quien recaigan las actividades que este particular se apetecen, hallándose éstas en D. Joaquín de Ferreras Villamisar y Carrasco, presbítero de esta Iglesia, desde luego, hacía e hizo este clero nombramiento de diputado en el susodicho para que unido y de conformidad con dicho D. Antonio Topete y Fuentes, practiquen y arbitren cuanto pueda conducir por todos títulos a el beneficio que se solicita, siendo extensivo este nombramiento a la práctica y ejecución de los reparos de uno y otro convento en cuya obra ha de entender simul con los señores vicario y teniente corregidor hallándose presente a la entrada y saca de los efectos de limosnas que entren en un arca de tres llaves como previenen dicho acuerdo, la cual ha de estar en casa del dicho señor vicario, y que las llaves de ella estén en poder de los sujetos que dicho acuerdo previene; y por este se le confiere al dicho D. Joaquín Ferreras todas las facultades que sean precisos para los fines expresados, y que dicho testimonio se ponga con este cabildo, y el presente notario saque testimonio de este acuerdo y remita al Consejo, Justicia y Regimiento de esta villa por mano de su escribano, y así lo determinaron cual dicho acuerdo aquí copiado está conforme y arreglado con su original, el cual queda en el Libro de Cabildos que el Venerable clero de esta villa celebra, y este por ahora en mi poder a que me remito y para que conste, y al efecto que por dicho acuerdo se previene. Doy el presente en la villa de Villamartín en ocho días del mes de mayo de mil setecientos setenta y dos.

[Sello de: EN TESTIMº - De Verdad]

[Firmado: Antonio José Fernández, notario mayor de la vicaría]”

Historia Nº 39: El molino del Vaho de los Torneos

 

El molino del Vaho de los Torneos

Crónica de un proyecto en tiempos de escasez

(1772)

 

           En el invierno de 1772, cuando los fríos apretaban y el pan comenzaba a escasear en Villamartín, un murmullo inquieto recorría las calles. Los molinos del término, viejos y cansados, apenas podían moler durante buena parte del año. El propio expediente municipal lo reconocería más tarde con crudeza: «la mayor parte del año no pueden moler, y se experimenta carestía por falta de molienda en el pan».

          En medio de aquella necesidad, un vecino, Diego Ramírez Montánchez, decidió dar un paso al frente. Hombre práctico, conocedor del campo y de sus urgencias, presentó al Cabildo un memorial sencillo pero ambicioso: quería levantar un molino harinero en el Vaho de los Torneos, un paraje baldío junto al río Sarracín. Su propuesta prometía aliviar la escasez y, de paso, aumentar las fincas contribuyentes para la nueva contribución real. Era una iniciativa privada, sí, pero con evidente beneficio público.

          El Ayuntamiento, sin embargo, no era fácil de convencer. Los baldíos eran bienes del común, y cualquier obra que alterase caminos, abrevaderos o cauces debía examinarse con lupa. Así que los regidores ordenaron un reconocimiento exhaustivo del terreno. No bastaba con la buena intención; hacía falta certeza.

          Una mañana de marzo, cuando el campo empezaba a verdear, tres hombres cabalgaron hacia el Vaho de los Torneos: Miguel Díaz Gavilán, alcalde ordinario, Sebastián Domínguez, regidor, y un tercero cuya presencia sería decisiva: D. José Jiménez, labrador, diputado de la caballería del reino y, sobre todo, hombre de reconocida inteligencia práctica.

          El Cabildo lo había nombrado expresamente como «individuo inteligente» para que su criterio guiara la inspección. Y no tardó en demostrar por qué.

          Ante ellos se extendía el baldío: una franja de tierra abierta, cruzada por la cañada principal por donde el ganado bajaba a beber al Sarracín. El río corría cercano, manso en apariencia, pero capaz de desbordarse en invierno. Era un lugar útil, pero delicado.

Jiménez observó el terreno con la mirada de quien conoce el agua, la tierra y sus caprichos. Midió distancias, examinó la terriza, calculó pendientes. Y cuando habló, lo hizo con la seguridad de quien sabe que su palabra puede decidir el futuro de una obra.

          Su informe, recogido fielmente por el escribano, fue tan preciso como razonado. Afirmó que el molino podía construirse «sin perjuicio alguno», pero solo si se seguían estrictamente sus indicaciones. El edificio, un molino modesto proporcionado al lugar: 14 varas de largo, 4 varas de ancho. Nada más. Nada menos.

          El corazón de la obra debía ser un cao o canal de derivación de 430 varas, trazado por la terriza situada aguas abajo, para no alterar el cauce principal del Sarracín. Su sección debía ser exacta: 2 varas de ancho y media vara de hondo.

          El cao cruzaría inevitablemente la cañada. Jiménez lo sabía, y por eso exigió que se construyera de modo que los animales pudieran beber sin riesgo y pasar sin impedimento. La vida ganadera del término no podía sacrificarse por un molino.

          Tras mover la rueda del molino, el agua debía volver a las madres del río mediante un surco abierto bajo el molino. Nada de apropiarse del caudal, nada de estancamientos.

          Su conclusión fue clara y rotunda: ejecutado así, el molino no solo no causaría daño, sino que traería «beneficio para el común por la falta de molinos».

          El informe de Jiménez convenció a todos. Los diputados y el síndico del común lo respaldaron sin reservas. Y el 2 de mayo de 1772, el Cabildo concedió la licencia a Diego Ramírez.

          Pero lo hizo con una advertencia solemne: el terreno seguiría siendo baldío del común. Si el molino se vendía o desaparecía, no nacería derecho alguno sobre la tierra. El bien comunal quedaba protegido para siempre.

          Así, en aquel año de 1772, Villamartín no solo ganó un molino: ganó un ejemplo de cómo la iniciativa privada, la supervisión pública y el conocimiento práctico de sus vecinos podían unirse para mejorar la vida de todos.

          Y en el centro de nuestra historia, discreto pero decisivo, quedó el juicio técnico de D. José Jiménez, cuya mirada sobre el Vaho de los Torneos permitió que el proyecto avanzara sin dañar caminos, cañadas ni abrevaderos. Su informe fue, en esencia, la llave que abrió la puerta del molino.

 
                                         Copias de los textos íntegros

(Copias de los documentos originales)

 

Texto 1. (Incompleto. El documento original está casi borrado) Instancia de Diego Ramírez

Ytte. Señor.

Diego Ramírez Montánchez vecino de esta villa con el más atento respeto; hace presente a V.Sª (-----) se en el término de esta villa sobre el río Sarracín al sitio Vaho de los Torneos, (----) para un molino harinero, siendo esto    utilidad del vecindario, por la mayor facilidad de moliendas, como por el de fundas y fincas contribuyentes que aumenten el capital para la única contribución mandada establecer por Reales Órdenes, deseando el (--) con estos justos motivos, y también el            Particular interés fabricar en dicho sitio el referido molino harinero haciéndolo

SUPLICA: a V.S. se sirva de conceder su licencia para la fábrica de él, precediendo las formalidades de ello y práctica, en que (----) merced de V.S cuya vida guarde Dios muchos años.

Villamartín  26 febrero de 1772

 

Texto 2. (Algunas palabras ilegibles)

Cabildo de 9 de marzo de 1772-F17

En este cabildo yo el escribano de él leí e hice presente un memorial presentado por Diego Ramírez Montánchez vecino de esta Villa en que pretende se le conceda licencia para construir un molino harinero sobre el Río Sarracín al sitio del Vado de los Torneos de este término; con lo demás, que dicho memorial (incluye) que visto, y oído, y entendido por sus mercedes dijeron: que para poder esta Villa deliberar en el asunto requiere mayor conocimiento de causa, esto es reconocer el sitio en que ha de fabricar dicho molino, terreno que ha de ocupar y paraje por donde le ha de entrar el agua, las varas de la linde(---), la longitud del cao que haya de hacer para que no siendo perjudicial a los abrevaderos de los ganados, ni impidan los tránsitos de los caminos, ni haya otro perjuicio del Común se acuerde lo conveniente, para concederle, o no, la licencia; y a efecto de que se verifique lo uno u otro, nombra esta Villa por Diputado que pase a reconocer dicho sitio y circunstancia explicada con personas que elijan de la mayor inteligencia, a dichos Sres. D. Miguel Díaz y a Sebastián Domínguez regidor quienes evacuadas las correspondientes diligencias, con el (---) de los caballeros, diputados y síndico personero del común, se traigan, a este cabildo para acordar lo conveniente.

 

Texto 3.

Auto.-

En la villa de Villamartín en el dicho día 9 de marzo de este presente año (1772) el Sr. D. Miguel Díaz Gavilán alcalde ordinario en ella con asistencia del Sr. Sebastián Domínguez, regidor, en vista del nombramiento de diputado que se le ha hecho por el Consejo de esta Villa según resulta del testimonio del acuerdo, que antecede dijeron, que para poner a la práctica del reconocimiento del sitio en que se solicita construir un molino de pan por Diego Ramírez contenido en el memorial, que antecede, y para que se le conceda licencia por el dicho Consejo dijeron que nombraban y nombraron por individuo inteligente, que asista a sus mercedes para dicho reconocimiento, a D. José Jiménez vecino de dicha Villa, labrador, en su término, y diputado de la caballería del reino por lo que hace, al aumento de las yeguas y caballos de los criadores de ella para que con el referido, le dé el informe correspondiente según resulta de dicho reconocimiento para lo cual se le haga saber para que lo acepte y que al mismo tiempo se les informe a D. Antonio Topete y Fuentes, a Andrés Gigato y a D. Tomás Guzmán de reina, diputados y síndico personero del común de esta dicha Villa, que por su parte hagan las diligencias que les toca para informar según les parezca sobre lo pretendido por dicho Diego Ramírez, y así lo proveyeron, mandaron y formaron, el dicho Sr. Regidor con la señal que acostumbra.=

 

Texto 4.

Diligencias de reconocimiento (F39)

En la villa de Villamartín en 23 días del mes de marzo de mil seteciento setents y dos años, los señores D. Miguel Díaz Gavilán, alcalde ordinario, y Sebastián Domínguez, regidor, diputados nombrados por el Consejo de esta dicha villa para el reconocimiento del sitio en que se pretende construir el molino que contiene el memorial que está por cabeza, dijeron haber visto y reconocido el paraje del Vaho de los Torneos de este término que es baldío, a que ha concurrido al mismo tiempo D. José Topete Jiménez, vecino de esta dicha villa, inteligente que nombraron para informar con su parecer más sólidamente, quien con sus (ma--) hacen presente que en el dicho Vaho de los Torneos, se puede construir dicho molino sin perjuicio alguno en cediéndole al pretendiente licencia para ello, con tal que sea el asiento a catorce varas de largo y cuatro de ancho, y que el cao que se halla de hacer para entrarle el agua del río Sarracín sea sacándolo por la terriza que está por la parte de abajo del (---) que desde aquí hasta el molino tendrá cuatrocientas treinta varas de largo, poco más o menos, y haciendo un (surco) sobre la parte de debajo de dicho molino para que salgan las aguas y vuelvan a las madres, y que se haga el cao de dos varas de ancho y media de hondo por la parte de la Cañada que por allí pasa, por donde precisamente ha de atravesar dicho cao para que los ganados que por allí transiten beban en él sin riesgo ni perjuicios alguno, sin embargo, que por la parte de abajo del molino que se ha de construir es la principal cañada, y por donde todos los ganados pasan al abrevadero del dicho río Sarracín, y que ejecutándose así no tienen repara de que se  conceda por el Consejo de esta villa la licencia para construirlo pues parece no queda perjuicio alguno, y si se consigue beneficio para el común por la falta de molinos, que hay en este término, y los que hay está peligrosos, y que la mayor parte del año puedan moler, y se experimenta carestía por falta de molienda en el pan, y que esto es cuanto pueden informar según el reconocimiento que han practicado con el dicho D. José Jiménez quien estando presente contestó lo mismo, y lo formaron de que yo el escribano doy fe.

[Firmaron: Miguel Díaz, José Jiménez Morillo, señal de Sebastián Domínguez y Pedro Tomás Barea, escribano]

 

Texto 5.

Informe de los Sres. Diputados y Síndico (40)

En la villa de Villamartín en el día 23 de marzo de mil setecientos setenta y dos años, ante mí el escribano, comparecieron los Sres. D. Antonio Topete y Fuentes, Andrés Gigato, D. Tomás Guzmán de Reyna, diputados, y síndico personero del común de ella, y dijeron que en virtud de lo acordado por el Consejo de esta villa, y que se les hizo saber han visto y reconocido el sitio del baldío de los torneos de este término donde se pretende licencia para construir un molino de pan con el agua del rió Sarracín, y que no encuentran se haga perjuicio alguno al común de este, si beneficios siempre que se construya en los mismos términos que se han informado por el señor diputado D. José Jiménez de que está bien instruido. No tan solamente de este  sino también de otros inteligentes y experimentados vecinos de esta dicha villa, y que no tienen reparo, que con dicho arreglo se conceda licencia por el Consejo de esta villa a Diego Ramírez Montánchez pretendiente para que lo construya, y esto informaron, y para que conste lo pongo por diligencia que formaron de que doy fe.

[Firmaron: D. Antonio Topete y Fuentes, Miguel Díaz, señal de Sebastián Domínguez, Andrés Gigato, Tomas Guzmán de Reyna y Pedro Tomás Barea como escribano]

 

Texto 6.

Cabildo 2 de mayo de 1772-F34

En este cabildo, yo el escribano de él, leí e hice presente las diligencias practicadas por los señores D. Miguel Díaz y Sebastián Domínguez en virtud de sus facultades que se le concedieron en el que se celebró en el día ocho de marzo pasado del corriente año para dicha construcción de un molino que pretendió Diego Ramírez Montánchez, vecino de esta villa las que vistas por sus mercedes en el informe dado por los caballeros diputados y síndico personero de este común, de conformidad acordaron el concederle y como se le concede la dicha licencia para dicha construcción bajo de las cualidades y circunstancias que previene dichas diligencias e informes, sin excederse en otra manera el citado Diego Ramírez a el que se le advierte que siempre y cuando se venda o pierda el molino no le queda Derechos alguno  en la tierra porque ésta ha de quedarse baldía como lo es hoy para el común pues aunque se dé el caso de que señores en que obrare imponga algún tributo o memoria está por ningún acontecimiento ni sus interesados ha de tener Derecho alguno a la tierra, y para guarda de su Derecho désele (---) con incursión de este acuerdo, y a dichas diligencias que originales queden a esta continuación en este Libro Capitular para perpetua memoria de esta villa de Villamartín, doy fe que en uno celebrado ante mí por el Consejo, Justicia y Regimiento de ella, en el día de ayer, ocho del corriente se presentó y vio este memorial, y se hizo el acuerdo del tenor siguiente:

ACUERDO: En este cabildo, yo el escribano de él, leí e hice presente un memorial presentado por Diego Ramírez Montánchez, vecino de esta villa en que pretende de le conceda licencia para construir un molino harinero sobre el río Sarracín al sitio del Vaho de los Torneos de este término con lo demás, que dicho memorial instruye que visto, oído y entendido por sus mercedes, dijeron que para poder esta villa deliberar en el asunto requiere mayor conocimiento de causa, esto es, reconocer el sitio en que ha de fabricar el dicho molino, terreno que ha de ocupar y paraje por donde le ha de entrar el agua, las varas de la linde y longitud del cao que haya de hacer para que no siendo perjudicial a los abrevaderos de los ganados ni impida los tránsitos de los Caminos, ni haya otro perjuicio del común se acuerde lo conveniente para concederle o no la licencia, y a efecto de que se verifique lo uno u otro, nombra esta villa por diputado que pase a reconocer dicho sitio, y circunstancia explicada con persona que elijan de la mayor inteligencia, a dicho Sr. Miguel Díaz y a Sebastián Domínguez, regidor, quienes evacuadas las correspondientes diligencias, con (---) de los caballeros, diputados y síndico personero del común, se traigan a este cabildo para acordar lo conveniente.

Nota del escribano: Según que el incierto acuerdo concuerda con su original queda en el libro Capitular del corriente año, y cabildo citado,  a que me remito y para que conste doy el presente en la villa de Villamartín, en nueve días del mes de marzo de mil setecientos setenta y dos años.

[Firmado: Pedro Tomás Barea, escribano del cabildo]