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23 julio 2026

Historia nº 57 Molinos del Guadalete: de la harina al kilovatio.


                            Molinos del Guadalete: de la harina al kilovatio.

Una historia de ingenio, territorio y transformación.

 

          Los molinos de harina han sido, durante siglos, artefactos esenciales para la vida humana. No fueron simples máquinas: fueron infraestructura, economía, subsistencia y símbolo de autonomía. Allí donde se levantaba un molino, se afirmaba una comunidad. Allí donde giraba una rueda, se garantizaba el pan. En la Baja Andalucía, estos ingenios hidráulicos marcaron el ritmo de la vida rural desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XX. Su presencia en los ríos no solo transformó el paisaje: ordenó el territorio, fijó caminos, creó dependencias económicas y, con el tiempo, se convirtió en la base de nuevas formas de energía.

          Entre todos los cursos fluviales de la región, el Guadalete fue uno de los más fecundos. Sus aguas, constantes y aprovechables, permitieron que Villamartín y su entorno desarrollaran una red de molinos que, con el paso de los siglos, evolucionó desde la molienda del pan hasta la producción de electricidad. 

Molino El Baho de los Torneos actual

          Los documentos más antiguos conservados muestran cómo, ya en el siglo XV, el Cabildo de Sevilla regulaba cuidadosamente la instalación de molinos en el Guadalete. No se trataba de construcciones improvisadas: cada molino exigía licencia, inspección y tributo, porque afectaba al río, al tránsito y a los intereses de la villa.

          En 1492, el Cabildo sevillano otorgó licencia a Alfonso Martín, carretero y vecino de Utrera, para construir un molino entre Villamartín y Las Gateras, “encima del Vado de las Ovejas”, con la obligación de pagar 50 maravedíes anuales al almojarifazgo de la villa. El documento especifica que: «...pudo certificar que su construcción no perjudicará a nadie».

          La frase es reveladora: el molino era útil, pero también potencialmente conflictivo. Su ubicación afectaba a pastos, pasos y derechos de agua. Por eso el Cabildo exigía garantías.

          Años después, en 1508, se repite el patrón. El Cabildo sevillano concede una carta de merced a Rodrigo Ortiz, vecino de Villamartín, para levantar otro molino en el Guadalete, «por encima del camino de Sevilla, entre el término de El Coronil y el de la villa», con un tributo de 68 maravedíes. De nuevo, el río como eje económico; de nuevo, la molienda como necesidad colectiva.

          Estas licencias muestran un Guadalete vivo, útil, disputado y ordenado por la administración. Cada molino era una pieza más en la red de subsistencia de la comarca.

          Desde entonces, la documentación consultada revela un crecimiento sostenido de molinos harineros en la ribera del Guadalete. Cada solicitud refleja la tensión entre necesidad económica y regulación administrativa. Así, como ejemplo, detallamos molinos construidos en la ribera del Guadalete:

          «1720, 1722, 1724: Molino en la Pasada de Bornos, propiedad de Sebastián García Barroso, quien pidió licencia para moverlo “más arriba”. Se le rogó precaución para no perjudicar al molinero Juan Ramos Blanco. 1730: Petición de Jerónimo de Espinosa para construir un molino en los baldíos del soto de la pasada de Morón. 1817: Solicitud de Salvador del Castillo para fabricar un molino en el Guadalete. Sin resolución. 1822: Construcción de un molino de madera en la Vega de Sevilla».

          Un caso especial lo encontramos en 1833: el Ayuntamiento de Villamartín estudió la solicitud de Pedro Rodríguez Casanueva para construir un molino harinero en Peña Parda, dentro del término municipal.

          El informe técnico es extraordinariamente detallado: describe el trazado del cao (el canal de derivación), las tierras afectadas, la anchura necesaria y la ubicación de la azuda. Los síndicos, junto al maestro arquitecto Santiago del Valle, inspeccionaron el lugar y concluyeron que: “...tanto la fábrica del molino como el cao [...] en tierras de propiedad particular, y por inútiles y arenales del río y sin perjuicios tampoco de las de propios...”

          El cao debía medir 570 varas, con un ancho de dos varas en el centro, más otras dos por cada lado para limpieza. La azuda se levantaría frente a las tierras de Las Gateras. El camino de acceso se fijaba desde los Mesones, pasando por el Sarracín y la Mediana.

          El Ayuntamiento aprobó la licencia por unanimidad, destacando que el proyecto era “benéfico para el común que carece de estos artefactos”. La construcción debía completarse en seis meses, bajo apercibimiento de reasignar la merced a otro solicitante.

          Este documento muestra cómo, ya en el siglo XIX, los molinos eran considerados infraestructura pública esencial, aunque se levantaran en tierras privadas. El río seguía siendo un recurso compartido, regulado y vigilado.

          Otros molinos después de 1833: «1837: José Aldama reclamó el molino que su bisabuelo Juan Ramos Blanco poseía en 1722, en las Moreras. 1845: Permiso a José del Castillo para fabricar un molino en la Vega de Sevilla. 1852: Solicitud de Pedro Frutoso para construir un molino en los Sotos del Guadalete. Aprobado posteriormente. 1861: Molino “El Pica”, propiedad de Francisco Camacho, en el camino de Sevilla. Este molino sería crucial: acabó convirtiéndose en molino de electricidad».

          Con la llegada de la modernidad, muchos molinos del Guadalete dejaron de moler trigo. Pero no desaparecieron: se transformaron. La fuerza del agua, que durante siglos movió piedras de moler, comenzó a mover turbinas. Algunos molinos fueron adaptados para generar electricidad, especialmente a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la energía hidráulica se convirtió en una alternativa viable para abastecer pequeñas poblaciones y explotaciones agrícolas.

          El principio era el mismo: aprovechar la caída del agua. Pero el resultado era distinto: luz, motores, modernidad.

          En paralelo, la expansión de estos ingenios se extendió hacia el afluente más importante del Guadalete, donde la topografía permitía pequeñas presas y canales. Arroyo, como el Sarracín, vio levantar nuevos molinos, algunos tradicionales, otros ya concebidos desde el inicio como minicentrales hidroeléctricas.

          Molinos en el arroyo Sarracín: «1772: Molino de Diego Ramírez Montánchez. 1800: Molino de María Báez, viuda, en la cabezada baja de la suerte de los propios. 1844: Molino construido por Salvador y Antonio Castillo entre la pasada de Sevilla y el puentecillo. 1847: Molino del Bao de los Torneos. 1868: El mismo molino, ya propiedad de Jerónimo Nieto López, convertido en instalación mixta: pan de día, electricidad de noche».

          Así, el Guadalete y su afluente el Sarracín se convirtieron en un sistema energético rural antes de la llegada de las grandes compañías eléctricas. La memoria de estos molinos es, por tanto, doble: alimentaron a la comarca y, más tarde, la iluminaron.

          Hoy, muchos de estos molinos están en ruinas, otros restaurados, otros convertidos en viviendas o alojamientos rurales. Pero todos forman parte de la historia profunda de Villamartín y su entorno.

          Desde 1492 hasta bien entrado el siglo XX, los molinos del Guadalete y su afluente el Sarracín fueron motor económico, símbolo de progreso y laboratorio de innovación. Primero dieron pan. Luego dieron luz. Y hoy, aunque muchos estén en ruinas o desaparecidos, siguen siendo parte esencial de la memoria hidráulica de Villamartín.


FUENTES CONSULTADAS:

— Archivos Históricos de Sevilla. (Papeles del Mayormazgo: Deborah Kirschberg Schenck  1489-1504/1505-1510).

— Archivos Históricos de Villamartín (Diversas actas capitulares).


 

20 julio 2026

Historia nº 56 La Cruz vuelve a caminar.

1832 — La Cruz vuelve a caminar.

Villamartín repara lo que los franceses quemaron y decide sobre su memoria.

 

          El 25 de octubre de 1832, Villamartín no estaba en guerra. No ardían las casas, no corrían los vecinos, no se escuchaban disparos ni órdenes gritadas en francés. Pero la villa seguía viviendo con las cicatrices de lo que había ocurrido décadas antes, cuando las tropas napoleónicas entraron en la comarca y dejaron su marca de fuego en la ermita de San Sebastián.

          La ermita —pequeña, humilde, pero profundamente arraigada en la vida espiritual de Villamartín— había sido saqueada, destrozada y quemada por los franceses. No fue un daño accidental: fue un acto deliberado, parte de esa política de devastación que tantas veces acompañó el paso de las tropas imperiales por Andalucía. La ermita quedó herida, su entorno alterado, su simbología quebrada.

          Y en 1832, Villamartín seguía reconstruyendo no solo muros, sino también lugares de sentido.

          Ese día, el Ayuntamiento se reunió en Cabildo para atender, entre otras, una petición que, en apariencia, era sencilla, pero que en realidad tocaba un nervio profundo: la Cruz de la ermita de San Sebastián en la calle San Sebastián —hoy calle del Santo— debía ser trasladada.

          La solicitud venía del administrador de las rentas del convento de San Juan de Dios, institución que había asumido parte de la vida asistencial y religiosa de la villa. El administrador pedía permiso para mover la Cruz al frente de la ermita del convento, «para los fines que indica su exposición».

          El documento consultado no detalla esos fines, pero el contexto los ilumina: la Cruz, que había quedado desplazada, descontextualizada y simbólicamente herida tras los destrozos franceses, debía volver a ocupar un lugar digno, visible, coherente con su función espiritual.

          La ermita había sido atacada. La Cruz debía ser restaurada.

          La petición en el acta es breve, pero decisiva: «El Ayuntamiento… concede su permiso para la traslación de la Cruz calle de San Sebastián… al frente de su ermita para los fines que indica su exposición…»

          No hubo oposición. No hubo demora. No hubo esa frialdad burocrática que tantas veces aparece en otros documentos del siglo XIX.

          El Cabildo actuó con claridad: la Cruz debía llevarse a la ermita del convento.

          Y además ordenó algo más: que se le franquease testimonio del acta al administrador del convento, para que pudiera usarlo «para los fines convenientes».

          Es decir: no solo se concedió el permiso, sino que se facilitó la documentación necesaria para que el traslado fuese legítimo, oficial y ejecutable.

          Mover una Cruz no es un gesto menor. En un pueblo como Villamartín, una Cruz es: un punto de referencia, un lugar de oración, un símbolo de protección, un marcador de identidad, un testigo de la historia.

          La Cruz de la ermita de la calle San Sebastián había sobrevivido a la guerra, pero no indemne. El entorno de la ermita había sido destrozado por las tropas francesas. La Cruz, desplazada, había perdido parte de su sentido.

          El traslado de 1832 no fue un acto administrativo: fue un acto de reparación simbólica.

          La Cruz volvía a un nuevo sitio. Volvía a una ermita. Volvía a ocupar el lugar que la guerra le había arrebatado.

          Este documento, aunque breve, revela algo esencial sobre Villamartín en 1832: que sus símbolos importaban, que sus heridas no se ocultaban, que la guerra había dejado cicatrices que aún se estaban cerrando, que la vida religiosa y la vida municipal seguían entrelazadas, que la Cruz no era un objeto, sino un referente, y que moverla requería consenso, permiso y acta.

          La Cruz pasó de las ruinas de la calle San Sebastián a la ermita del convento. De un espacio ya cotidiano a un espacio sagrado. De un lugar de tránsito a un lugar de memoria.

          Y ese movimiento, autorizado por el Cabildo, marcó un cambio en el paisaje emocional de la villa.

          No hubo tragedia ese día. No hubo incendio. No hubo súplicas ni moratorias.

          Pero sí hubo algo que define a los pueblos: la gestión de sus símbolos, de sus espacios, de su memoria.

          En 1832, Villamartín decidió que la Cruz debía estar frente a la ermita del convento. Que allí cumpliría mejor su función. Que allí tendría más sentido. Que allí cerraría, al fin, una herida abierta desde la guerra.

          Y lo hizo con un acto administrativo que, leído hoy, nos recuerda que la historia no solo se escribe en grandes tragedias o grandes gestas, sino también en estos gestos silenciosos que cambian la fisonomía emocional de un pueblo.

 

(Copia del documento original)

Cabildo de 25 de octubre de 1832. El Ayuntamiento en vista de la solicitud que hace el administrador de las rentas del convento de San Juan de Dios de esta villa concede su permiso para la traslación de la Cruz calle de San Sebastián (hoy el Santo), al frente de su ermita para los fines que indica su exposición, y acordó que a continuación de ella se le franquee testimonio de esta acta para los fines convenientes.

17 julio 2026

Historia nº 55 El incendio de la Magdalena y la vergüenza del Cabildo sevillano.

    1513 — Villamartín arde, resiste y exige.

El incendio de la Magdalena y la vergüenza del Cabildo sevillano.

 

          El 22 de julio de 1513, día de la Magdalena, Villamartín se convirtió en un infierno. El fuego no fue un accidente menor. Fue un golpe devastador contra un pueblo que apenas empezaba a levantarse. Las chozas —la mayoría de las viviendas— ardieron como si el incendio hubiera estado esperando su momento. Las pocas casas de mampuestos y tejas, levantadas según la Carta Puebla, resistieron unos instantes más, pero también cayeron.

          Villamartín quedó desnudo, herido, despojado. Y cuando un pueblo pierde casi la mitad de sí mismo, lo mínimo que espera es que quienes mandan respondan con humanidad, rapidez y justicia. Pero Sevilla respondió con trámites, indiferencia y negligencia.

          Apenas una semana después del incendio, los vecinos enviaron una petición urgente al Cabildo. No pedían privilegios. Pedían sobrevivir.

          «...hubo un gran fuego en la villa, quemándose sus casas, haciendas y bienes muebles. Solicitan que se les conceda alguna ayuda para poder mantenerse y reconstruir sus casas…»

          Pedían también algo elemental: que quienes tenían tierras arrendadas del Cabildo pudieran acogerse a una moratoria en el pago de las rentas. No se puede pagar lo que el fuego ha convertido en ceniza.

          El Cabildo recibió la petición el 29 de julio. ¿Y qué hizo? La remitió a Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor.

          Villamartín esperó. Esperó mientras levantaba paredes con las manos quemadas. Esperó mientras enterraba lo que no se pudo salvar. Esperó mientras el humo seguía saliendo de las ruinas. Y Juan de Guzmán no respondió.

          La segunda petición es un documento que debería avergonzar a Sevilla para siempre.

          Los vecinos explicaron que Juan de Guzmán no los atendía. Que le entregaron la información. Que cumplieron con lo que se les pidió. Y que el oficial, simplemente, los ignoró.

          «...Juan de Guzmán no les ha atendido, por lo que solicitan que se les asigne otro oficial ».

          Villamartín ardió. Y Sevilla envió un oficial que no se dignó ni a escuchar. La villa hizo lo que hacen los pueblos que se niegan a morir: pidió otro interlocutor. Pidió ser atendida. Pidió dignidad.

          El documento firmado por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor, recoge la secuencia completa: Villamartín pidió ayuda el 29 de julio. Juan de Guzmán no atendió. Villamartín pidió otro oficial el 12 de agosto. El Cabildo asignó a Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor. Alfonso presentó un informe de los letrados. El informe recomendó no conceder ayuda alguna sin licencia real. Sí recomendó una moratoria de un año en el pago de los arrendamientos, con fianzas. El Cabildo aceptó. Y prometió pedir licencia real para estudiar posibles ayudas.

          La frase que pesa como una piedra es esta: «...se recomienda no conceder ayuda alguna a los vecinos de Villamartín, ya que para ello se necesitaría licencia real…»

          Villamartín ardió. Y Sevilla respondió con papeles.

          El incendio de la Magdalena no terminó el 22 de julio de 1513. Las llamas se apagaron, sí, pero el desastre siguió vivo en cada casa quemada, en cada hacienda perdida, en cada vecino que se quedó sin trigo, sin techo, sin nada. Y Sevilla, que ya había respondido con frialdad a las primeras peticiones, tuvo que enfrentarse a algo que no esperaba: las voces individuales, los casos concretos, los nombres propios de quienes también ardieron y exigieron justicia.

          Porque Villamartín no solo habló como pueblo. Habló como comunidad. Habló como individuos que no estaban dispuestos a desaparecer en el silencio administrativo.

          El documento recoge un mandamiento de Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y diputado, dirigido a Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín. La orden es clara: no demandar a Fernando Martín de Bohórquez lo que debe por las cuatro caballerías y media de tierra que tiene arrendadas hasta el día de Santa María de agosto de 1514.

          ¿Por qué? Porque Fernando también ardió.

          Su casa, su hacienda, y veinte cahíces de trigo desaparecieron en el incendio. Veinte cahíces: una pérdida brutal, un golpe directo a la supervivencia.

          Su petición es un grito de dignidad: «...tiene arrendadas cuatro caballerías y media de tierra y que se le quemó su casa y su hacienda, además de 20 cahíces de trigo, por lo que solicita que se le conceda moratoria en el pago de la renta hasta 1514 ».

          Y esta vez, Sevilla concedió. No por generosidad. No por justicia. Sino porque no podía negar lo evidente: Fernando Martín de Bohórquez era otro vecino más que había sido arrasado por el fuego.

          El incendio no distinguió. Quemó casas de ricos y pobres, de arrendatarios grandes y pequeños. Y entre ellos estaba Antón Martín de Illescas, vecino de Villamartín, que también perdió su casa «en el mismo tiempo que otros vecinos de la villa».

          Antón tenía dos caballerías y media de tierra arrendada. Y pidió lo que era justo: ser incluido en la misma moratoria de un año que ya se había concedido a otros.

          El informe de Luis Méndez de Sotomayor, , lo deja claro: «...relató cómo se le había quemado su casa en el mismo tiempo que a otros vecinos de la villa… Como él tenía dos caballerías y media le solicitó ser incluido en la misma moratoria».

          Luis Méndez de Sotomayor verificó la veracidad de lo expuesto. No había exageración. No había duda. Antón también había ardido.

          Propuso concederle la moratoria, con las mismas condiciones y con las fianzas necesarias. El Cabildo estuvo de acuerdo. Y la orden se emitió: un año sin exigirle el pago del arrendamiento.

          Estas peticiones individuales —las de Fernando Martín de Bohórquez y Antón Martín de Illescas— revelan algo que los documentos generales no dicen con tanta claridad: El incendio de la Magdalena no fue un suceso aislado. Fue una devastación colectiva. Fue una ruina que afectó a casas, haciendas, bienes muebles, trigo, tierras, familias.

          Y Sevilla, que primero respondió con indiferencia, tuvo que ir concediendo moratorias caso por caso, porque cada vecino que se presentaba ante el Cabildo era una prueba viva de la magnitud del desastre.

          Fernando perdió su casa, su hacienda y veinte cahíces de trigo. Antón perdió su casa y quedó sin capacidad de pagar sus tierras.

          Y como ellos, muchos más.

          La moratoria de un año fue lo único que Sevilla concedió. No hubo ayudas directas. No hubo reconstrucción. No hubo alivio real.

          Solo tiempo. Tiempo para pagar. Tiempo para respirar. Tiempo para sobrevivir.

          Y aun así, incluso esa moratoria venía con condiciones: fianzas, requisitos, trámites. Un pueblo en cenizas tenía que demostrar que merecía un respiro.

          Estas peticiones no son simples documentos administrativos. Son actos de resistencia.

          Fernando Martín de Bohórquez no se resignó. Antón Martín de Illescas no se calló. Los vecinos de Villamartín no aceptaron la indiferencia.

          Cada petición es un golpe contra la negligencia del Cabildo sevillano. Cada moratoria concedida es una victoria moral. Cada nombre propio es una prueba de que Villamartín no desapareció en el fuego.

          Villamartín ardió. Pero también exigió. También denunció. También reclamó. Y aunque Sevilla respondió tarde, mal y con lo mínimo, Villamartín dejó huella.

15 julio 2026

Historia nº 54. II. Sitio de la Plaza de Abastos


Apunte para la historia de Villamartín

II. Sitio de la Plaza de Abastos

 

          En la mañana del 29 de mayo de 1859, cuando Villamartín aún conservaba ese silencio tibio que precede a las decisiones importantes, el Ayuntamiento se reunió con una claridad poco habitual: la villa necesitaba una plaza de abastos. No era un capricho ni una idea improvisada. Era una urgencia que venía creciendo entre las calles, en los mercados improvisados, en la preocupación de los vecinos y en la mirada vigilante de la autoridad.

          La corporación municipal, “penetrada de la necesidad”, lo expresó con una solemnidad que dejaba ver que aquel acuerdo no era uno más. Una plaza de abastos no era solo un edificio: era policía urbana, era higiene pública, era control de los alimentos, era la posibilidad de que la autoridad pudiera “convencerse de su salubridad”. En una época en que la salud dependía tanto de la inspección como de la costumbre, la plaza se convertía en un símbolo de modernidad.

          Por eso, el Ayuntamiento dio un paso decisivo: consignar en el presupuesto municipal de 1860 la cantidad de 20.000 reales. Una suma considerable, destinada “al menos para los más precisos gastos”. Era la primera vez que la villa reservaba dinero para una obra que no existía aún más que en la intención. 

          Y entonces llegó la resolución que marcaría el rumbo del proyecto: la plaza debía levantarse en el solar del antiguo convento-hospital de San Juan de Dios, en la calle de la Concepción (hoy San Juan de Dios). Aquel lugar, que había sido refugio, hospital, convento y finalmente ruina, se convertía ahora en la esperanza de una obra pública.

          Pero había un obstáculo: el solar estaba incautado por el Estado, incluido entre los bienes afectados por la desamortización. No pertenecía ya a la beneficencia ni al municipio. Era propiedad nacional.

          El Ayuntamiento, lejos de retroceder, decidió avanzar con firmeza. Acordó reclamar del Gobierno de Su Majestad, por medio del Gobernador de la provincia, la cesión del solar. Argumentó que su precio en venta sería “tan corto, que puede tenerse por insignificante”, y que el destino —una plaza de abastos— justificaba plenamente la petición.

          El acuerdo debía enviarse con toda su fuerza, con toda su intención, con toda su urgencia. El documento municipal lo dice con claridad: «a cuyo efecto se dirija la competente reclamación con inserción del presente acuerdo».

          El 10 de noviembre de 1859, Villamartín amaneció con una noticia que no era un simple trámite administrativo, sino un nuevo capítulo en la lucha por levantar una plaza de abastos. El Ayuntamiento, que llevaba meses reclamando la cesión del antiguo convento de San Juan de Dios para convertirlo en mercado público, recibió una orden del Gobernador de la provincia. Una orden que no cerraba puertas, pero que exigía algo más que voluntad: exigía papeles, justificaciones, expedientes.

          La corporación municipal escuchó la comunicación con la seriedad de quien sabe que cada paso cuenta. El Gobernador mandaba que, para lograr la cesión del edificio, el Ayuntamiento debía instruir el oportuno expediente. No bastaba con la necesidad, ni con la intención, ni con el acuerdo del cabildo anterior. Había que solicitar formalmente al Gobierno de Su Majestad la quita de la renta que la ley imponía a los bienes desamortizados. Había que demostrar, con argumentos y documentos, que la plaza de abastos era una mejora “conveniente y oportuna”.

          La orden era clara: si Villamartín quería el antiguo convento, debía justificar por qué. Y justificarlo bien.

          La corporación quedó “enterada”, palabra que en las actas suena a aceptación disciplinada, pero también a un compromiso silencioso. Había que cumplir, y había que hacerlo pronto. La plaza de abastos no era un proyecto cualquiera: era una necesidad que la villa llevaba tiempo sintiendo en su pulso diario.

          Fue entonces cuando el síndico, don Benito Álvarez, dio un paso al frente. Con la naturalidad de quien entiende el peso de la responsabilidad, ofreció presentar en el cabildo provincial la moción correspondiente. Su intervención no fue un gesto menor: significaba llevar la voz de Villamartín más allá de sus límites, hacer que la reclamación resonara en instancias superiores, activar el mecanismo administrativo que podía convertir un solar desamortizado en un espacio público.

          El acta lo recoge con sobriedad, pero detrás de esas líneas se intuye el movimiento: un representante dispuesto a defender la causa, un Ayuntamiento decidido a no dejar caer el proyecto, una villa que empezaba a construir su futuro con palabras, acuerdos y expedientes.

          Aquel 10 de noviembre de 1859, Villamartín no levantó muros ni trazó planos. Pero dio un paso imprescindible: puso en marcha la maquinaria administrativa que podía convertir un antiguo convento en la plaza de abastos que tanto necesitaba.

          El 13 de noviembre de 1859, Villamartín vivió uno de esos momentos en que la historia local parece concentrarse en una sola mesa, en un solo papel, en una sola voz. El síndico don Benito Álvarez, que dos días antes había ofrecido llevar la causa de la plaza de abastos al cabildo provincial, regresó al Ayuntamiento con la moción ya preparada. No venía con promesas, sino con un documento que podía cambiar el destino de un solar y, con él, el pulso urbano de la villa.

          La moción era clara, directa, ambiciosa: solicitar al Gobierno de Su Majestad que cediera el antiguo convento de San Juan de Dios, exceptuándolo de la venta obligatoria que la ley imponía a todas las fincas desamortizadas. No se pedía un privilegio, sino una excepción razonada: el edificio debía servir para levantar una plaza de abastos, una obra que la corporación consideraba necesaria, conveniente y urgente.

          El 17 de noviembre de 1859, Villamartín volvió a mirar hacia el solar del antiguo convento-hospital de San Juan de Dios, ese espacio que durante años había sido depósito de inmundicias, establo improvisado y recuerdo desmoronado de tiempos mejores. Pero aquel día, por primera vez, el Ayuntamiento lo contempló no como un problema, sino como una oportunidad.

          La corporación recibió el expediente que comenzaba a instruirse para solicitar al Gobierno de Su Majestad la cesión del edificio con un propósito claro: levantar allí la plaza de abastos que la villa necesitaba. No era una idea nueva, pero sí era la primera vez que el proyecto llegaba acompañado de dos voces técnicas que coincidían sin reservas: la comisión municipal de ornato y obras públicas y el alarife de la villa.

          Ambos dictámenes eran contundentes. El antiguo convento-hospital era “el más oportuno y a propósito” de todos los lugares posibles. No había otro edificio que reuniera tantas condiciones favorables. Su valor en venta era “insignificante”, su renta mínima, y su estado —un receptáculo de escombros y suciedad— clamaba por un destino más digno que servir de establo.

          El Ayuntamiento, al escuchar estos informes, no dudó. Acordó continuar en sus anteriores resoluciones, avanzar sin retrocesos y terminar el expediente con la certificación del acuerdo. El documento debía enviarse original al Gobernador de la provincia, para que lo remitiera con su “influyente apoyo” a la superioridad correspondiente. Era un gesto político y administrativo: Villamartín pedía, con toda la formalidad posible, que el solar fuera exceptuado de la venta y cedido al municipio.

          El 15 de marzo de 1860, Villamartín recibió una visita que, sin saberlo, iba a alterar el destino de la plaza de abastos. Aquel día llegó a la villa el arquitecto de la provincia, enviado por orden del Gobernador para reconocer las obras públicas necesarias y preparar los pliegos de condiciones y los planos correspondientes. Era una jornada de inspección técnica, pero también de expectativas: el Ayuntamiento acompañaría al arquitecto para mostrarle los lugares donde se soñaba con construir, mejorar y ordenar la vida urbana.

          Entre esos lugares estaba el solar del antiguo convento-hospital de San Juan de Dios, que durante meses había sido el candidato natural para levantar la plaza de abastos. El Ayuntamiento ya había reclamado su cesión al Estado, había instruido expedientes, había defendido su conveniencia. Parecía que el proyecto tenía un rumbo claro.

          Pero aquel día, mientras recorrían la villa, el arquitecto provincial observó, midió, calculó… y discrepó.

          Con la autoridad que le daba su oficio, afirmó que el antiguo convento no era tan conveniente ni oportuno como se había creído. Señaló otro lugar: un espacio de terreno baldío, de 25 varas de largo por 30 de ancho, situado a espaldas de las casas capitulares. Para habilitarlo habría que tomar “dos o tres casas pequeñas y de valor insignificante” y el corral llamado del Consejo. Pero, según su criterio, aquel espacio reunía mejores condiciones para la plaza.

          La corporación escuchó. Y, sorprendentemente, aceptó.

          El Ayuntamiento, que durante meses había defendido el solar del convento-hospital, decidió renunciar a él. No por falta de voluntad, sino porque la opinión técnica del arquitecto provincial pesaba más que cualquier convicción previa. Si el experto decía que el terreno detrás del Ayuntamiento era mejor, entonces ese sería el lugar.

          Aquel 15 de marzo de 1860 fue un día decisivo, silencioso y técnico. Un día en que una sola opinión profesional bastó para mover el proyecto de lugar. Un día en que la plaza de abastos dejó de pertenecer al pasado del convento-hospital y empezó a buscar su sitio en el corazón administrativo de la villa.

          El 14 de julio de 1861, Villamartín volvió a encontrarse frente a la misma necesidad que llevaba años persiguiendo: la construcción de una plaza de abastos. Era una obra que el Ayuntamiento consideraba “una de las más útiles e indispensables”, una mejora que la villa necesitaba para ponerse a la altura de sus propias aspiraciones y de su crecimiento material. Pero aquel día, más que avanzar, la historia quedó suspendida en un gesto de espera.

          El Ayuntamiento recordó que la plaza de abastos no supondría “ningún dispendio” para el fondo de propios, pues estaba incluida en el programa de obras públicas que ya se había formado. Ese programa, elaborado el año anterior, contemplaba también la continuación del nuevo matadero que se estaba montando. Todo parecía encajar: matadero y plaza, higiene y abastecimiento, orden y progreso.

          Pero había un obstáculo silencioso: el arquitecto provincial.

          El programa estaba en sus manos desde hacía un año, y sin embargo la obra no avanzaba. La plaza seguía sin planos, sin estudio, sin impulso. La corporación, consciente de que el tiempo pasaba y la necesidad persistía, acordó dirigir un oficio al Gobernador de la provincia, rogándole que “estimule el celo” del arquitecto. No era una queja abierta, pero sí una llamada urgente: Villamartín necesitaba que el proyecto se activara, que el arquitecto atendiera por fin las obras que la villa consideraba esenciales.

          El acta deja ver la mezcla de paciencia y determinación: la corporación deseaba que el arquitecto, “cuando sus atenciones le permitan”, pusiera en marcha la obra “en obsequio” de una población que quería colocarse “a la altura que reclaman circunstancias especiales y su crecimiento”.

          El 30 de abril de 1865, Villamartín recibió una visita que llevaba tiempo esperando: el arquitecto del distrito, don Ildefonso del Castillo, llegó a la villa para estudiar varias obras públicas y, sobre todo, para decidir de una vez por todas dónde debía levantarse la plaza de abastos. Era un proyecto que se arrastraba desde 1859, un deseo que había cambiado de lugar, de forma y de ritmo, pero que seguía siendo una necesidad urgente para la población.

          Ese día, el arquitecto recorrió la villa, observó sus calles, midió sus espacios, escuchó a la corporación. Y cuando terminó su estudio en Cádiz, envió un oficio al Ayuntamiento con una conclusión que nadie esperaba: el lugar más aceptable para levantar la plaza de abastos era el solar del antiguo convento-hospital de San Juan de Dios, hoy perteneciente al Estado.

          El mismo solar que años atrás había sido defendido, luego descartado y finalmente olvidado. El mismo solar que había sido ruina, establo, escombro. El mismo solar que el arquitecto provincial había rechazado en 1860.

          Ahora, el arquitecto del distrito lo señalaba como el mejor.

          La corporación municipal, al recibir el oficio, no dudó. Acordó aceptar gustosa la propuesta. Y lo hizo con una sinceridad que revela la historia reciente del proyecto: aquel solar había sido la primera elección del Ayuntamiento, la primera esperanza, la primera ubicación soñada. Solo se había renunciado a él por las dificultades de acceso y por las objeciones técnicas que entonces parecían insalvables.

          Pero ahora, con un arquitecto que lo consideraba idóneo y con la posibilidad de obtener la cesión del Estado, el solar recuperaba su lugar en el proyecto. La plaza de abastos volvía al punto de partida.

          El Ayuntamiento razonó con claridad: si el edificio estaba incautado por el Estado como bien de comunidad religiosa, no podía usarse sin una cesión previa del Gobierno. Pero esa cesión —decían— no sería difícil de conseguir, tratándose de una obra “de tan indiscutible utilidad local”, tan necesaria, tan exigida por el crecimiento y la importancia de la población.

          Por eso, la corporación acordó por unanimidad instruir el expediente “sin levantar mano”. Había que oír al síndico, a la comisión de plaza y abastos, a la de ornato público. Había que solicitar formalmente la cesión del solar. Había que preparar todo para que, cuando el arquitecto del distrito enviara los planos, la obra pudiera comenzar sin demora.

          El 4 de noviembre de 1866, Villamartín volvió a encontrarse ante el mismo obstáculo que llevaba años interponiéndose entre la villa y su ansiada plaza de abastos: el solar del antiguo convento-hospital de San Juan de Dios no era suyo. Pertenecía a la Nación. Y para obtenerlo, ya no bastaban expedientes provinciales, dictámenes técnicos ni acuerdos municipales. Había que ir más arriba. Mucho más arriba.

          Aquel día, el Ayuntamiento recibió un oficio del Gobernador de la provincia, fechado el 28 de octubre. El mensaje era claro, casi solemne: si la corporación quería construir la plaza de abastos sobre el solar del antiguo convento, debía solicitarlo directamente al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. La instancia, una vez redactada, sería remitida por el propio Gobernador para seguir “el curso correspondiente”.

          Era un paso decisivo. La plaza de abastos, que durante años había sido un proyecto local, debía ahora cruzar el umbral de la administración central. Debía viajar, en forma de solicitud, desde Villamartín hasta Madrid. Debía convencer a un ministerio que no conocía las calles de la villa, ni sus necesidades, ni el estado ruinoso del solar que tanto se deseaba transformar.

          La corporación escuchó el oficio y tomó una decisión que revela tanto la urgencia como la carga de trabajo que pesaba sobre la secretaría municipal: la solicitud se redactaría cuando calmaran “algún tanto” los trabajos de secretaría, que en ese momento eran “tan crecidos como laboriosos y complicados”.

          No era una excusa. Era la constatación de una realidad: el Ayuntamiento trabajaba al límite, pero aun así no renunciaba a su objetivo.

          La solicitud debía ser redactada “por las mismas manos que sirvieron para fundamentar el citado expediente”, una frase que encierra confianza y continuidad. Quien había defendido el proyecto hasta entonces debía ser quien lo llevara, con precisión y convicción, ante el Ministerio de Hacienda.

          El acuerdo final del cabildo lo dice con una mezcla de esperanza y determinación: la instancia, una vez vista y aprobada por el Ayuntamiento, se enviaría al Gobernador para que la elevara al Ministerio, con el fin de conseguir una cesión que “viene siendo hace ya tiempo objeto del más vivo deseo” de la corporación municipal.

          Después del 4 de noviembre de 1866, la historia de la plaza de abastos quedó suspendida en un silencio largo, casi inquietante. Los acuerdos, las mociones, los dictámenes y las reclamaciones al Estado se detuvieron como si la villa hubiera quedado atrapada en una pausa administrativa. Durante años, nada se oyó en los cabildos sobre aquel proyecto que había movilizado a arquitectos, síndicos y gobernadores. La plaza de abastos, tan discutida, tan deseada, desapareció de las actas.

          Ese silencio se prolongó hasta el 9 de octubre de 1887, cuando, en un cabildo ordinario, el presidente ordenó al secretario leer un “expuesto sobre la plaza de abastos”. Aquella lectura rompió de golpe dos décadas de quietud. No era un expediente, ni una reclamación, ni un dictamen técnico. Era, simplemente, una exposición que defendía el sitio en donde está ubicada actualmente.

          No había ya debates sobre el antiguo convento-hospital. No había menciones al solar detrás del Ayuntamiento. No había discusiones sobre la Plaza de Oriente ni sobre terrenos baldíos.

          Solo una afirmación escueta, casi seca, pero definitiva: la plaza debía estar donde finalmente se ubicó.

          El antiguo convento‑hospital de San Juan de Dios ya no conserva su fisonomía original ni su función histórica: el espacio que ocupó se integra hoy en la trama de la calle San Juan de Dios como un lugar sin identidad arquitectónica propia, sin claustro, sin muros reconocibles, sin el cordón franciscano que antaño marcaba su entrada. Lo que fue convento, hospital, establo y proyecto frustrado de plaza de abastos es ahora un punto más del tejido urbano, un vacío lleno de memoria pero sin presencia monumental, donde solo el recuerdo —y los documentos— permiten reconstruir la historia de un edificio que desapareció sin dejar cuerpo, pero no sin dejar huella.

          La historia de la Plaza de Abastos de Villamartín es, en el fondo, la historia de una aspiración colectiva: la de dotar a la villa de un espacio digno, higiénico, moderno, capaz de ordenar el pulso cotidiano de la alimentación y la vida pública. Durante casi treinta años, el Ayuntamiento persiguió ese objetivo con una tenacidad admirable, moviéndose entre solares, dictámenes, arquitectos, expedientes y reclamaciones al Estado. Pero el tiempo, siempre más lento que la voluntad, terminó escribiendo un desenlace distinto al que soñaron aquellos cabildos del siglo XIX.

          La plaza que finalmente se levantó —tras renuncias, rectificaciones y silencios administrativos— llegó a ser durante décadas un punto de referencia para el vecindario. Un lugar donde el bullicio de los puestos, el olor de la fruta fresca, el eco de las voces y el trasiego de compradores componían una escena que parecía destinada a durar para siempre.

          Sin embargo, la historia urbana nunca es estática. Las costumbres cambian, los comercios se desplazan, las necesidades se transforman. Y aquella plaza, tan deseada, tan peleada, tan defendida en los documentos municipales, fue perdiendo su función original.

          Hoy, la Plaza de Abastos ya no es plaza de abastos. El edificio permanece, pero su propósito se ha ido desvaneciendo con los años. De todo aquel proyecto que movilizó a síndicos, arquitectos y gobernadores, solo queda un eco mínimo: una pescadería, la última superviviente de un pasado que fue mucho más amplio y vibrante.

          El resto es silencio. Silencio de puestos que ya no están, de mercancías que dejaron de llegar, de voces que se apagaron. Silencio de un edificio que, como el antiguo convento-hospital que casi llegó a albergarla, ha cambiado de piel sin cambiar de lugar.

          Y, sin embargo, ese silencio no es vacío: es memoria. Memoria de una villa que luchó por modernizarse. Memoria de un Ayuntamiento que quiso ordenar su vida urbana. Memoria de un proyecto que, aunque hoy reducido a una sola pescadería, sigue siendo testimonio de la voluntad de progreso de Villamartín.

          La Plaza de Abastos ya no abastece. Pero sigue contando una historia. Una historia que empieza en 1859, atraviesa décadas de insistencia y termina, discretamente, en el presente. Una historia que, como tantas en Villamartín, permanece en los edificios aunque haya cambiado en las costumbres.

 

Fuentes consultadas:

Archivos Municipales de Villamartín

(Actas Capitulares de los años: 1859, 1860, 1861, 1865, 1866 y 1887).

12 julio 2026

Historia nº 53. I. La propiedad del hospital de San Juan de Dios

 Apunte para la historia de Villamartín

I. La propiedad del hospital de San Juan de Dios

 

          Durante más de una década, Villamartín convivió con una ruina que no era solo piedra caída: era una herida abierta en mitad del pueblo, un recordatorio de lo que había sido y de lo que nadie sabía ya a quién pertenecía. El antiguo hospital de San Juan de Dios, convertido en antiguo convento, luego en solar y finalmente en problema, se convirtió en un personaje silencioso, obstinado, que obligó a la villa a mirarse en su propio espejo administrativo y moral.

          En 1848, la secretaría municipal, consciente de que aquel edificio ya no era hospital ni convento, pidió permiso al Gobierno de la provincia para enajenar a censo el solar de la calle Concepción (hoy San Juan de Dios) y otro en la calle Toledano (hoy Botica). Ambos bienes, decía la documentación, pertenecían al caudal de beneficencia. 

         El Gobierno Provincial aprobó la operación. Ordenó subasta, expediente, formalidades. Pero nada ocurrió. Y el edificio, como si sintiera la desatención, empezó a desmoronarse. Las actas lo describen con una crudeza que hoy todavía huele: “extracción de los materiales con destrucción de sus paredes… depósitos de inmundicias… olores malsanos…”

          El antiguo hospital se convirtió en un vertedero. En un lugar donde la villa prefería no mirar.

          El 11 de marzo de 1852, el presidente del cabildo habló con la voz de quien ya no puede seguir ignorando lo evidente. El solar era una vergüenza pública. Un foco de suciedad. Un espacio inútil para la beneficencia.

          El Ayuntamiento reaccionó con una unanimidad que pocas veces se ve en los documentos históricos: valorar el solar con los peritos Manuel del Valle Pérez y Manuel del Valle Retes, capitalizarlo al 3%, redactar el pliego de condiciones para la subasta y consultar a la junta de beneficencia.

          El 28 de marzo, el expediente se aprobó y se envió al gobernador. Parecía que el pueblo, por fin, recuperaba el control sobre su ruina, pero la historia, como siempre, tenía otros planes.

          El 21 de noviembre, llegó la carta que congeló todo: si el Ayuntamiento no podía demostrar la propiedad, debía suspenderse el expediente.

          La duda jurídica cayó sobre Villamartín como una niebla espesa. ¿De quién era realmente el antiguo hospital? ¿De la beneficencia? ¿Del Estado? ¿De nadie?

          El Ayuntamiento obedeció, pero pidió instrucciones. Mientras tanto, la ruina seguía allí, creciendo como un animal abandonado.

          Siete años después, el asunto seguía sin resolverse. El 14 de abril de 1859, el Ayuntamiento decidió acudir directamente a la administración de propiedades del Estado. Si el Gobierno provincial no resolvía, que lo hiciera la Nación.

          El argumento era tan práctico como desesperado: «...su estado ruinoso amenaza peligros… muchas personas lo desean para edificar».

          Pero el Estado respondió con una pregunta que era casi un desafío: ¿Dónde está la orden que demuestra que el Ayuntamiento tenía a su cargo el antiguo convento?

          La historia entraba en su fase más tensa.

          El 15 de septiembre de 1859 se produjo el pulso final. Ese día, el administrador de propiedades del Estado ordenó la entrega del antiguo hospital. El argumento era simple y devastador: la beneficencia no tenía título alguno que acreditara la propiedad.

          El Ayuntamiento cumplió la orden. Pero no se rindió. El acta de ese cabildo es un documento vibrante, casi un alegato, donde la corporación defiende con uñas y dientes lo que considera suyo.

          Las resoluciones, cargadas de emoción y de lógica, son el corazón de esta historia:

          1. El Ayuntamiento acata la entrega, pero protesta. Lo hace “sin perjuicio” de futuras acciones. Obedece, pero no se resigna.

          2. Afirma que el edificio sí pertenece a la beneficencia. No por papeles, sino por 23 años de posesión pacífica, sin oposición. La ruina, dice el acta, también habla.

          3. Defiende que incluso una renta “insignificante” es título legítimo de propiedad. Una frase que revela la desesperación y la inteligencia jurídica del momento.

          4. Declara que el solar tiene un destino natural: una plaza de abastos. Una necesidad “imperiosa”, una mejora urbana, un gesto de modernidad.

          5. Ordena reproducir la instancia al gobernador para que reclame el edificio al Gobierno central. El Ayuntamiento no quiere perder el solar. No quiere perder la oportunidad.

          6. Ruega al gobernador que tome «todo el interés que su celo le dicte». Una frase que suena a súplica, a urgencia, a pueblo que lucha por lo suyo.

          Entre 1848 y 1859, el antiguo hospital de San Juan de Dios fue más que un edificio abandonado: fue un espejo. En él se reflejaron: la fragilidad de la administración, la tensión entre Estado y municipio, la necesidad de progreso y la dignidad de un pueblo que no quería seguir viviendo junto a una ruina que no era solo física, sino moral.

          El solar nunca fue un simple solar. Fue una pregunta abierta. Un territorio en disputa. Un símbolo de lo que Villamartín podía llegar a ser… si lograba decidir de quién era aquel pedazo de historia.


(Copias de los documentos originales)

(Se reproduce sólo el último)

Cabildo de 15 de septiembre de 1859  -  F234

Se dio cuenta de una comunicación del Sr. administrador de propiedades y derechos del Estado de la provincia, fecha 29 de agosto, solicitando se haga entrega a su subalterno de Arcos del exhospital de San Juan de Dios para que el Estado se incaute de él, mediante no pertenecer a la beneficencia por no tener título alguno que acredite su propiedad. El Sr. alcalde hizo a la vez presente que, cumpliendo dicho mandato y sin perjuicio de lo que el Ayuntamiento pudiera acordar, había verificado el día de la indicada entrega, de lo que enterada la corporación y ayudando dicha medida porque ante todo es su deseo el que se respeten debidamente las disposiciones superiores; acordó, no obstante, consignar que no es una razón para que se considere del Estado el referido exhospital y no de la beneficencia cuando los bienes que fueron de aquel hoy los posee esta y se están remitiendo como suyos, en lo cual no hay la analogía que en los casos dudosos y de la naturaleza del presente debe equitativamente procurarse: que hace veinte y tres años que el citado edificio se está poseyendo por la beneficencia sin contradicción, reclamación ni oposición alguna, lo que, sobre poder atribuirle el derecho de prescripción que da la ley, mucho más tratándose de unas ruinas convertidas en un triste solar que produce una cuota insignificante de renta, esta puede ser un título legítimo de propiedad para el caudal benéfico; y por último, que en las circunstancias locales para ningún otro objeto puede ser tan útil como para el establecimiento de una plaza de abastos de que se carece en esta villa. Con esas razones acordó igualmente la corporación reproducir la instancia que tiene dirigida al Sr. Gobernador de la provincia, para que se sirva reclamar del Gobierno el repetido exhospital con destino a la antedicha plaza, a cuyo fin se le remite oficio por el Sr. alcalde presidente con traslado del presente acuerdo; en que se ruega a su señoría tome todo el interés que su celo le dicte para que obtenga la localidad una mejora que a la vez le dé más importancia, contribuya al ornato y satisfaga una de las más imperiosas necesidades de policía urbana.

 

11 julio 2026

Historia nº 52.

La cédula que cambió el destino del

Campo de Matrera

          El 4 de agosto de 1511, en Sevilla, se registró un movimiento administrativo que, visto desde hoy, parece menor: un simple libramiento de pago. Sin embargo, detrás de esa anotación contable se esconde un episodio decisivo para la historia de Villamartín y para la gestión del Campo de Matrera, un territorio cuya importancia económica y estratégica marcó durante siglos la vida de la comarca.

          El Cabildo sevillano ordenó ese día que Fernando de Carvajal, mayordomo, entregara 2.000 maravedíes a Guillén de las Casas, uno de los veinticuatros de la ciudad. La razón del pago es reveladora: Guillén había necesitado diez días para desplazarse hasta Villamartín y pregonar públicamente una cédula de la reina. No era una cédula cualquiera. Era un mandato que anulaba el arrendamiento del Campo de Matrera y, además, devolvía a la Ciudad la licencia para disponer libremente de ese territorio.

          “...por 10 días que necesitó para ir a Villamartín y hacer pregonar la cédula de la reina que anuló el arrendamiento del Campo de Matrera y dio licencia a la ciudad para disponer del mismo.” Documento adjunto, 1511

          Este fragmento, escueto pero contundente, nos permite reconstruir un momento de tensión institucional y de reajuste de poderes. El Campo de Matrera, pieza clave en la economía ganadera y agrícola, había sido arrendado previamente, probablemente en condiciones que la Corona consideró inadecuadas, injustas o perjudiciales para los intereses municipales. La reina —muy probablemente Juana I, en un periodo en que la administración real era ejercida por regentes y oficiales— intervino directamente para revocar ese arrendamiento y restituir a Sevilla la capacidad de gestionar el territorio.

          El hecho de que Guillén de las Casas, miembro del gobierno municipal sevillano, dedicara diez días completos a esta misión nos habla de varias cosas:

  • La importancia del Campo de Matrera en la estructura económica de la región.
  • La necesidad de que la cédula fuese pregonada públicamente, siguiendo el protocolo legal que garantizaba su validez.
  • La relevancia de Villamartín como lugar de referencia para comunicar decisiones que afectaban a un territorio más amplio.

          En 1511, un viaje de diez días no era un trámite menor. Implicaba desplazamientos por caminos difíciles, gastos, hospedajes y la presencia física del representante municipal para asegurar que la orden real se cumplía sin ambigüedades. El pago de 2.000 maravedíes —una cantidad respetable— confirma que el Cabildo consideraba esta actuación como un servicio esencial.

          De la fotografía que acompaña a este artículo, podemos imaginar el momento: Guillén de las Casas, acompañado quizá por escribanos o alguaciles locales, reuniendo a los vecinos en la plaza o ante la iglesia, desplegando el pergamino sellado y leyendo en voz alta la decisión real. El pregón no era solo un acto administrativo; era una ceremonia pública que marcaba el fin de un contrato y el inicio de un nuevo periodo de gestión del Campo de Matrera.

          La cédula anulaba el arrendamiento previo —del que el documento no da detalles, pero cuya existencia basta para entender el conflicto— y devolvía a Sevilla la potestad sobre el territorio. Con ello, la Ciudad recuperaba la capacidad de decidir su explotación, sus rentas y su administración.

          Este documento, breve pero preciso, nos recuerda que la historia local se construye también desde estos gestos administrativos: pagos, viajes, pregones, cédulas. Cada uno de ellos es una pieza del engranaje que articulaba las relaciones entre la Corona, los municipios y las comunidades rurales.

          En 1511, Villamartín fue escenario de uno de esos momentos en que la autoridad real se hacía presente, en que la voz de la reina —transmitida por un veinticuatro sevillano— reorganizaba el uso de un territorio fundamental. El Campo de Matrera, tantas veces disputado, volvía a quedar bajo la gestión directa de Sevilla.

          Y todo ello quedó registrado en una línea contable: 2.000 maravedíes por diez días de viaje y un pregón que cambió el rumbo de un campo entero.


Copia del original

1511, agosto, 4. [Sevilla]

Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Guillén de las Casas, veinticuatro, 2.000 mrs. Por 10 días que necesitó para ir a Villamartín y hacer pregonar la cédula de la reina que anuló el arrendamiento del Campo de Matrera y dio licencia a la ciudad para disponer del mismo.»