Lobos y gorriones
En
la primavera de 1765, Villamartín vivía un momento de inquietud. La villa,
asentada en un entorno agrícola y ganadero, dependía profundamente de la
estabilidad de sus campos y de la salud de sus rebaños. Sin embargo, desde
hacía meses, los vecinos comentaban con creciente preocupación la presencia de
lobos en el término municipal. No se trataba de un temor infundado: los ataques
a ovejas, cabras y otros animales domésticos se habían vuelto frecuentes, causando
pérdidas que afectaban tanto a pequeños pastores como a propietarios de mayor
hacienda.
El
cabildo, consciente de la gravedad del asunto, recogió en acta el “gran daño
y perjuicio que se experimenta en los ganados por los muchos lobos que hay en el
término”. Esta frase, tan directa como alarmante, refleja la sensación de
urgencia que se respiraba en la villa. En una economía rural del siglo XVIII,
donde cada animal representaba alimento, lana, trabajo y, en muchos casos,
supervivencia, la amenaza de los lobos no era solo un problema natural: era un
desafío económico y social.
Ante
esta situación, los alcaldes y regidores decidieron actuar. La solución
propuesta fue la organización de una batida, una práctica común en la época
para reducir la población de animales considerados peligrosos. El acuerdo
establecía que los alcaldes debían “practiquen las diligencias
correspondientes a efecto de que se logre el exterminio de animales tan nocivos”.
La
palabra “exterminio” no es casual. En el contexto del siglo XVIII, la fauna
salvaje que competía con el ser humano por recursos o que ponía en riesgo su
sustento era vista como un enemigo directo. No existía aún una visión ecológica
o conservacionista; la prioridad era proteger la producción y garantizar la
seguridad de la comunidad.
Estas
batidas solían involucrar a buena parte de la población masculina: campesinos,
pastores, cazadores locales y, en ocasiones, incluso jóvenes que veían en la
actividad una forma de demostrar valentía. Se organizaban grupos, se
delimitaban zonas y se empleaban perros, armas de fuego rudimentarias, trampas
y palos. El objetivo era claro: reducir la amenaza de forma inmediata.
Pero
el acuerdo del cabildo no se limitó a los lobos. En un giro que hoy puede
parecer sorprendente, se ordenó también que cada vecino debía matar una docena
de gorriones y llevar sus cabezas al ayuntamiento para registrarlas. El motivo
era el “crecidísimo perjuicio que se experimenta con otras aves”.
¿Por
qué los gorriones? En el siglo XVIII, estas pequeñas aves eran consideradas una
plaga agrícola. Se alimentaban de semillas recién sembradas, dañaban las
cosechas de cereal y competían con las gallinas por el grano. En una economía
de subsistencia, cualquier merma en la producción podía significar hambre o
endeudamiento.
La
medida, aunque drástica, no era excepcional. En distintos lugares de España y
Europa se promovieron campañas similares contra gorriones, estorninos y otras
aves consideradas dañinas. La obligación de presentar las cabezas en las Casas
Capitulares servía para garantizar que los vecinos cumplían con la orden y para
llevar un registro del esfuerzo colectivo.
El
acuerdo del cabildo de Villamartín es un testimonio valioso de cómo las
comunidades rurales del Antiguo Régimen gestionaban los problemas ambientales.
No existían instituciones científicas, ni estudios ecológicos, ni políticas de
conservación. Las decisiones se tomaban desde la experiencia directa, la
necesidad inmediata y la lógica de supervivencia.
Los
lobos representaban un peligro tangible para el ganado, y los gorriones, aunque
pequeños, podían arruinar una cosecha entera. En un mundo sin seguros agrarios,
sin ayudas estatales y sin excedentes abundantes, cada pérdida contaba.
Además,
este tipo de acuerdos reforzaba la idea de comunidad: todos los vecinos debían
participar, todos debían contribuir al bien común. La obligación de matar
gorriones no era solo una medida práctica, sino también un recordatorio de que
la prosperidad del pueblo dependía del esfuerzo colectivo.
Hoy,
con una perspectiva distinta sobre la fauna y el equilibrio ecológico, estas
medidas pueden parecer extremas. Sin embargo, entenderlas en su contexto
permite apreciar la complejidad de la vida rural en el siglo XVIII. El
documento muestra una sociedad que luchaba por mantener su modo de vida frente
a los desafíos de la naturaleza, utilizando los recursos y conocimientos
disponibles.
El cabildo de Villamartín actuó como muchas otras instituciones locales de la época: con pragmatismo, urgencia y un profundo sentido de responsabilidad hacia la comunidad. Su acuerdo, fechado el 30 de marzo de 1765, es una ventana a un tiempo en el que la relación entre humanos y naturaleza estaba marcada por la necesidad y la supervivencia.
Texto
íntegro citado
“(Copia del documento original)
En este cabildo de Villamartín
de 30 de marzo de 1765, se acordó respecto al gran daño y perjuicio que se
experimenta en los ganados por los muchos lobos que hay en el término; para
remediarlo en parte se acordó el que se haga una batida para que los Sres.
Alcaldes practiquen las diligencias correspondientes a efecto de que se logre y
el exterminio de animales tan nocivos. Así mismo, el que se publique o fijen
edictos para que cada vecino haya de matar una docena de gorriones y traigan
las cabezas a estas Casas Capitulares para apuntarlas por registro y que se vea
quién cumple, bien entendido que al que no lo hiciere a su costa se mandarán
matar mediante el crecidísimo perjuicio que se experimenta con otras aves.”
